El cabreo de los funcionarios

Los funcionarios del Estado están cabreados. Y no les falta razón. ¿Quién se quedaría tan pancho si le recortaran el sueldo un 5%? Y sin motivo, además. Al menos, así lo entienden ellos. Una de sus agrupaciones, la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), ha hecho público su malestar. En un comunicado, analiza las causas del excesivo coste de personal de las administraciones públicas y su lectura es bien diferente a la que hace el Gobierno.

Fedeca culpa a las instituciones públicas de gestionar mal su personal. Más en concreto, opina que el desorbitado gasto en este apartado no obedece a un exceso de funcionarios, sino que se debe, más bien, a una inadecuada planificación de las necesidades, lo que ha dado lugar a duplicidades, entre otras anomalías.

Los altos funcionarios también consideran una rémora el exceso de ‘cargos de confianza’ en las administraciones públicas. Se trata de empleados ‘públicos’ nombrados a dedo por los partidos políticos, a quienes sirven, y que se encuentran en todos los estamentos públicos, bajo la denominación de ‘asesores’, ‘asistentes’, ‘coordinadores’ o ‘directores’. Habitualmente, pertenecen a la esfera ‘gubernamental’, pero en instancias intermedias y superiores también disponen de ellos los partidos de la oposición.

Lo que sus sueldos cuestan al erario público suele ser uno de los secretos mejor guardados. Pero, como referencia, una investigación realizada por un periódico de la Comunidad de Madrid y publicada el pasado día 15, revelaba que localidades de entre 40.000 y 200.000 habitantes gastan entre 700.000 y 1,8 millones anuales en retribuir a sus concejales y cargos de confianza. Aparte está el sueldo de los funcionarios y de los que no lo son y que a veces entran por la puerta lateral: contratados, interinos, eventuales, personal de empresas subcontratadas y demás.

En muchos lugares, se debate sobre qué cargos públicos deben estar ‘liberados’ con dedicación exclusiva. Pero una cosa es pagar un sueldo a los políticos, y otra la legión de asesores que arrastran consigo, cuyos sueldos, según datos del rotativo madrileño, oscilarían entre los 53.000 y 73.000 euros anuales.

La denuncia de Fedeca, pues, parece plenamente justificada y una noticia la vino a reafirmar el pasado lunes: el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de que reducirá de 10 a 7 las consejerías de su Gobierno y de 93 a 40 el número de fundaciones, consorcios, empresas públicas y organismos autónomos. Es decir, sobra gente en la Administración, y no funcionarios, precisamente.

Pero en este debate hay otro dato importante. La Función Pública es el único orden de profesionales donde rige el principio de mérito y capacidad a la hora de valorar y promocionar a los trabajadores. Para comprobarlo, fijémonos en quiénes progresan en las empresas privadas, donde, por otra parte, los sueldos son mucho más elevados.

La existencia de funcionarios, remacha la asociación, garantiza, además, la neutralidad de las decisiones técnicas en las distintas administraciones. Por el contrario, la proliferación de consultores o la subcontratación de servicios de asesoramiento, a lo que son cada vez más proclives las instituciones, «favorecen la desprofesionalización y el clientelismo político», según lo entiende Fedeca.

Visto así el asunto, no se entienden los recortes retributivos a los que se quiere someter a este colectivo. La única explicación lógica sería que es mucho más fácil aplicar un tijeretazo general que ponerse a ordenar los excesos de las épocas pasadas. Y es que, entre otras cosas, ello supondría reconocer la incompetencia de algunos para gestionar con eficacia unos recursos que son de todos.

Vivimos el fin de unos tiempos. Esperamos una Tierra nueva donde habite la justicia