La sentencia que anula el convenio del PERI Ferrocarril centra el debate del último pleno de la legislatura

La sentencia que ha anulado el convenio urbanístico que Euskal Trenbide Sarea y el Ayuntamiento de Durango firmaron en agosto de 2017 ha intensificado la presión contra el PERI Ferrocarril y sus cinco torres de viviendas. El fallo judicial retrotae el plan de reparcelación de esos terrenos a 2008, lo que, unido a la notable oposición ciudadana que el proyecto de las cinco torres genera, pone sobre el alambre su desarrollo. Aun así, los votos del PNV, la socialista Pilar Ríos y el PP han permitido rechazar una moción de EH Bildu y Herriaren Eskubidea que reclamaba el inicio de un proceso de revisión.

Ambas formaciones han aprovechado la grieta abierta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao para presentar una moción de urgencia en el pleno de esta tarde, el último de la legislatura. En el texto, han vuelto a reclamar al PNV que asuma “su responsabilidad” y las costas judiciales —”no es de recibo que tengamos que volver a pagar a escote”, les han recriminado Ion Andoni del Amo y Jorge Varela— y han instado a la socialista Pilar Ríos a pasar de las palabras a los hechos.

“Tenemos una oportunidad excepcional para parar y repensar el proyecto. Ya hablaste en esos términos en declaraciones recogidas por los medios de comunicación, así que es el momento de dar un paso adelante”, le ha animado el concejal abertzale.

Pero las peticiones han ido más allá. EH Bildu y Herriaren Eskubidea también han solicitado al Equipo de Gobierno que no recurra la sentencia, que ratifique el acuerdo alcanzado por el Pleno de Durango en enero para paralizar el PERI Ferrocarril hasta que no se celebre la consulta popular, que fije una fecha y una pregunta para el referéndum antes de las elecciones municipales y que se inicie el proceso de revisión del polémico proyecto antes del 8 de mayo. Ahí es nada.

La decisión de “perdonar” 4 millones

Como ya se auguraba, PNV y PSE han optado por enrocarse y, pese la abstención del concejal socialista Mauri García, han podido contrarrestar la moción con el apoyo del PP. En la suya, el gobierno defiende que la sentencia “no cuestiona en ningún caso la continuidad de las obras de urbanización ni supone un retroceso en los hitos urbanísticos alcanzados hasta la fecha”, algo con lo que Dani Maeztu ha discrepado abiertamente.

“Sin convenio no hay reparcelación y, por tanto, no están saldados los excesos de edificación”, ha enfatizado. El portavoz abertzale también ha querido cuestionar las razones por las que se aprobó por decreto y no en pleno “una decisión como es la de perdonar 4 millones a un promotor que va a construir 554 viviendas en el centro de Durango”.

“Cabezonería en defensa de ETS”

Desde Herriaren Eskubidea, Varela tampoco ha dejado pasar la oportunidad de reprochar al Equipo de Gobierno su “cabezonería” y su “defensa de los intereses de ETS con dinero público” cuando la sentencia “nos da la razón y avala las irregularidades que hemos venido denunciando”.

Lo que no ha quedado claro al finalizar el debate, que ha monopolizado buena parte de la sesión, es si el Ayuntamiento acabará apelando el fallo judicial. Aunque hace unos días lo anunciaron, su moción puntualiza que van a analizar “la pertinencia” del recurso.

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