Democracia

“Democracia: (Del griego δημοκρατία) 1. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. 2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.”. Esta es la acepción que del término democracia comprende la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua.

Por su parte, la vigente Constitución Española, en su preámbulo, declara solemnemente que “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.”.

No es de extrañar, por ello, que el artículo primero de la Constitución establezca que “1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”.

Pido disculpas, de antemano, por el recurso a la transcripción de normas fundamentales del Ordenamiento Jurídico Español. Pero es que estas armoniosas declaraciones han sido puestas en solfa en el momento en que el Tribunal Constitucional, “intérprete supremo” de la Constitución, según su norma constitutiva, ha resuelto en materia de la constitucionalidad de varios de los preceptos del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Catalunya.

No podemos olvidar, que, obviando aspectos técnico-jurídicos susceptibles de analizarse una vez se conozca el texto íntegro de su resolución, de momento, hemos podido saber que el Magno Tribunal, ha declarando la inconstitucionalidad de, más o menos, una docena de preceptos del “Estatut”, y ha reinterpretado más de otros tantos.

Y lo ha hecho, no precisamente en el sentido aprobado, tras un amplio consenso concertado entre las diversas fuerzas políticas, por los Parlamentos catalán y estatal, y mayoritariamente refrendado por la voluntad del pueblo de Catalunya, vía referendum.  

O sea que, si lo que debe caracterizar a un estado que se autoproclama democrático es que ha de desarrollar una política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, o que, en definitiva, consolide un estado de cosas por el que quede establecido el Predominio del pueblo en el gobierno político del Estado, vamos dados.

Me causa pavor que, con independencia de la actual y cuestionable composición del Tribunal Constitucional, y de sus cismas políticos intestinos,  de lo que se puede hablar largo y tendido, pervierte el sistema democrático el hecho de que unos pocos altos magistrados puedan, con su decisión, quebrantar y doblegar la voluntad popular de todo un “pueblo de España”, mayoritaria y democráticamente expresada, a través de cauces y procedimientos conformes al ordenamiento jurídico.

Desde luego, casa mal (o, directamente, no casa) este hecho con la propia definición de lo que debe entenderse, en esencia, como “Democracia”. 

Aunque se me olvidaba que, como el Reino de España y su  Constitución, se fundamentan en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pese a que, al menos formalmente, se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, cuando en Madrid, capital del Reino, y sede del Tribunal Constitucional, la voluntad de un pueblo periférico, se percibe como divergente en relación al nacionalismo español,  cualquier cosa es posible, aunque vivamos, al menos teóricamente, en un Estado social y democrático de Derecho.

Jon Andoni Bengoetxea es abogado y presidente de la Cultural de Durango