Amnistía

La palabra amnistía tiene la cualidad de provocar virulentas reacciones en los consejos de los gobiernos de los estados democráticos. Y es algo de todo punto comprensible si nos detenemos, por un momento, en el análisis del significado del vocablo y su hondura, que según el Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición de la Real Academia Española, no es otro que el “Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”.

Sin embargo, durante estos días se ha hablado, y mucho, de la “amnistía fiscal” que el Partido Popular ha terminado por convalidar a través de un decreto ley, aprobado por el Congreso de los Diputados, con el rechazo de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Porque, por mucho que desde el Gobierno se justifique la aprobación de la norma como un plan para hacer aflorar activos, en realidad la misma se traduce en una verdadera y auténtica amnistía fiscal, ampliamente contestada por la oposición, molesta, además, porque se ha rechazado la tramitación del mencionado decreto como proyecto de ley, con lo que se evita su tramitación parlamentaria y la posibilidad de que se puedan introducir enmiendas al mismo.

Los promotores de tan singular iniciativa persiguen, con el ministro Montoro a la cabeza, dotarse de un instrumento de recaudación a través del que imponer un gravamen, de entre el 8 y el 10%, sobre aquellos activos que permanecían ocultos hasta este momento, y que se declaren ahora, con independencia del tipo impositivo al que estaban realmente sujetos, que no nos engañemos, era mucho mayor que este gravamen “de saldo”.

Según palabras del titular de Hacienda, la “no amnistía fiscal” aprobada en estos términos, nos protegerá de posibles subidas de impuestos mucho más onerosas para toda la ciudadanía. O sea, que, de momento, y no sabemos hasta cuando, no habrá subida del I.V.A..

Ante este panorama, yo, desde luego, si tuviese un patrimonio fiscalmente oculto, correría a blanquearlo previo pago del peaje blando que el Gobierno me ofrece. Sería, desde luego, una inversión difícil de rechazar. Supongo que no seré el único que lo piense. Es más, imagino que el decreto de marras tendrá sus adeptos. Tantos que, a lo mejor, termina, incluso, con toda la economía sumergida del reino.

O tal vez no. Porque quizá quienes se “forraron” en la época de bonanza  con sus negocios, caracterizados muchos de ellos por convertirse en refugio de esos billetes de 500 euros que los mortales no terminamos de catar, han visto agotadas sus reservas como consecuencia de la crisis y, a estas alturas, no tienen “nada que declarar”. 

Claro que, como ocurre con casi todas las medidas desesperadas con las que últimamente nos azota este ejecutivo, el reverso oscuro de la que hoy nos ocupa, no ha de dejarnos indiferentes.

Porque, dejando al margen cuánto pueda engordar la hucha de las Administraciones con las aportaciones actuales de quienes tuvieron que ingresar, hace años, el doble, el triple, o más, de lo que ahora pagan, sin intereses, sin recargos y sin sanciones, la relación de los integrantes de la lista de posibles beneficiados por esta ganga que Hacienda ofrece, sí que produce un sarpullido, por sobredosis de injusticia, en quienes se esfuerzan en llegar a fin de mes.

En fin, cuando pensábamos que lo habíamos visto casi todo, nos topamos con un texto legal, que forma parte del ordenamiento jurídico, que de haberse implantado en otro estado y en otra época, por ejemplo en la Italia de Berlusconi, hubiera sido objeto de mofa, por lo esperpéntico de su contenido y lo grosero de su procedimiento de gestación, al margen de cualquier debate en el Parlamento. 

Es lo que tienen las mayorías absolutas. Aunque esto ya lo sabíamos. También los millones de votantes del Partido Popular, ¿no?

Jon Andoni Bengoetxea es abogado y presidente de la Cultural de Durango