Foto: Delfín Zubizarreta.

La plataforma ciudadana Zaldibar Argitu ha hecho pública su primera valoración tras conocerse hace unos días la imputación de la exalcaldesa de Zaldibar, Arantza Baigorri, y de tres altos cargos municipales por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el vertedero de Eitzaga. En un comunicado, critican duramente que la jueza haya decidido no investigar posibles irregularidades anteriores a 2015, al considerarlas prescritas.

Según advierten, esta limitación distorsiona el contexto del caso y “evidencia una intención clara de no investigar a responsables municipales que impulsaron y sostuvieron el vertedero” durante sus fases iniciales. La causa judicial, abierta en 2024 como pieza separada de la investigación por delitos ambientales, mantiene imputadas a nueve personas, pero Zaldibar Argitu no figura como acusación, a diferencia de la causa principal sobre el desastre de 2020.

La organización denuncia también que algunos extractos del sumario se hayan filtrado a los medios y subraya que no saben quién ha sido el responsable. El auto judicial, explican, se basa en un informe de la Ertzaintza y en las declaraciones de Juan Mari Uriarte, teniente de alcalde entre 2019 y 2023, y con responsabilidad directa en las relaciones del Ayuntamiento con Verter Recycling antes y después del colapso. Sin embargo, se muestran sorprendidos de que ni Uriarte ni el también exalcalde José Luis Maiztegi figuren entre los investigados.

Respecto a los cargos que se imputan a Baigorri –entre ellos, haber regularizado mediante el PGOU terrenos supuestamente ocupados sin permiso por la empresa–, Zaldibar Argitu considera que deben ser ella o su formación quienes den explicaciones. También señala que el PGOU fue avalado por la Diputación Foral de Bizkaia en abril de 2020, con la firma del entonces diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, y pregunta cuál fue la responsabilidad de las instituciones supramunicipales.

Aclarar todo, “sin excepciones”

La plataforma insiste en que deben esclarecerse todas las causas del colapso, incluyendo las irregularidades en la tramitación del vertedero, las deficiencias en la inspección por parte del Gobierno Vasco, la gestión de la empresa y las actuaciones posteriores al derrumbe que provocaron la muerte de dos trabajadores. A su juicio, la instrucción judicial no está abordando el fondo del problema.

“Que se aclare todo lo que debe aclararse. Todo”, subrayan. Y reclaman que finalice de una vez por todas una fase de instrucción que se prolonga desde febrero de 2020, y de la que aún no se conocen sus conclusiones.

Por último, llaman a la ciudadanía a participar en el acto convocado el 8 de febrero a las 12.30 horas en Eitzaga, coincidiendo con el sexto aniversario del desastre.

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Vídeo de Delfín Zubizarreta.

Varios cientos de personas se reunieron este domingo en el barrio de Eitzaga para conmemorar el quinto aniversario del derrumbe del vertedero de Zaldibar y honrar la memoria de los trabajadores fallecidos, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Organizado por la plataforma Zaldibar Argitu, el acto combinó el recuerdo a las víctimas con demandas de responsabilidades judiciales y políticas.

La ceremonia, que incluyó una ofrenda floral y la actuación de una txalaparta, contó con la presencia de familiares de los fallecidos, vecinos de municipios afectados y cargos políticos como la alcaldesa de Zaldibar, Eneritz Azpitarte, y el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero.

Durante el acto, Gaizka Zabarte, miembro de Zaldibar Argitu, denunció la lentitud en la instrucción judicial, que aún sigue abierta en el Juzgado de Instrucción 1 de Durango por un presunto delito medioambiental. “Es impresentable que hayan pasado cinco años sin que nadie se haya sentado en el banquillo”, señaló. Recordó que tres empresarios responsables de Verter Recycling, la empresa gestora del vertedero, evitaron un juicio oral tras aceptar su culpabilidad por homicidio imprudente y alcanzar un acuerdo de indemnización.

Los familiares de las víctimas mortales e integrantes de Zaldibar Argitu insistieron en que no permitirán que la tragedia caiga en el olvido y seguirán recordándola cada año.

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Imagen del homenaje realizado en 2022 (foto: Zaldibar Argitu).

Este domingo, el barrio zaldibartarra de Eitzaga será escenario de un homenaje a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores que perdieron la vida en el derrumbe del vertedero hace hoy cinco años, el 6 de febrero de 2020. La cita, organizada por la plataforma Zaldibar Argitu, busca honrar su memoria y mantener viva la exigencia de justicia y rendición de cuentas ante la tragedia.

El acto de homenaje tendrá como punto de partida la plaza del Ayuntamiento local, a las 11.15 horas. Desde allí, las personas participantes se trasladarán a pie hasta Eitzaga donde, a las 12.30 horas, se realizará al acto en recuerdo a las víctimas.

El derrumbe del vertedero de Zaldibar no sólo ocasionó la pérdida de dos vidas humanas, sino también un grave desastre medioambiental. Durante meses, las labores de rescate y contención se enfrentaron a diversas dificultades, incluyendo la presencia de materiales tóxicos como el amianto. Las críticas a la gestión del vertedero y a la respuesta de las instituciones no han cesado desde entonces.

En este contexto, el quinto aniversario del derrumbe adquiere una especial relevancia para familiares y vecinos, quienes consideran que aún queda mucho por hacer en términos de justicia. Entre las demandas principales están las sanciones penales y económicas contra los responsables de la gestión del vertedero, así como una mayor transparencia sobre las actuaciones del Gobierno vasco previas y posteriores al desastre que lleve a asumir responsabilidades políticas.

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Vertedero de Eitzaga, en Zaldibar. Foto: Irekia.

El Ayuntamiento de Zaldibar ha instado al Gobierno vasco ha asumir “sin demora” las obras que deban emprenderse para garantizar la seguridad del vertedero de Eitzaga. La urgencia se desprende de un reciente informe que alerta de los riesgos ambientales que supone “por su peligrosidad y vulnerabilidad” en su situación actual.

La alcaldesa de la localidad, Eneritz Azpitarte, ha explicado que las conclusiones del informe emitido el mes pasado por la empresa Geología y Geotecnia Larrea “son muy graves” y ha mostrado la preocupación del Consistorio “por las personas que residen en la zona”, por lo que solicita que se tomen medidas urgentes para evitar riesgos.

Según recoge dicho informe, el vertedero de Verter Recycling presenta actualmente graves riesgos ambientales tanto en el propio residuo como localización, inestabilidad, incendios y generación de nuevos lixiviados, como en el medio atmosférico con olores y emisiones de gases nocivos. Por otro lado, advierte que se requieren actuaciones para garantizar “de forma urgente” la seguridad de la instalación, protección del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa vigente.

Por ello, recomiendan la ejecución inmediata de una cubierta artificial temporal, la ejecución del sellado definitivo del vertedero, la realización de un estudio de estabilidad global del residuo, y de controles de los seguimientos habituales, actualizados al ventilador: balances hidráulicos, control de lixiviados, control de movimientos, etc., además del cumplimiento de la legislación vigente.

Movilizaciones

Ante la gravedad de las consecuencias, el Ayuntamiento zaldibartarra ha remitido al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente una solicitud para asumir las obras recomendadas y acabar con las infracciones que se están cometiendo en el vertedero, así como iniciar sin demora los correspondientes expedientes sancionadores.

Asimismo, pide que el Gobierno vasco asuma las condiciones y responsabilidades del control post-clausura del vertedero de residuos no peligrosos, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a la empresa responsable.

Zaldibar Argitu, Ekologistak Martxan y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se han expresado en el mismo sentido, denunciando la situación y exigiendo a Lakua “que actúe ya”. Ante esta situación, estos colectivos han realizado un llamamiento a movilizarse este jueves al mediodía frente al Parlamento vasco y el próximo viernes, a las 19.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Zaldibar.

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(Argazkia: Delfín Zubizarreta).

Zaldibar Argitu plataformak Durangoko epaitegiaren aurrealdean egingo den elkarretaratzea deitu du egunerako, hilak 20, goizeko 9:45ean. Egun horretan ikertu gisa deklaratu behar dute Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saileko hiru teknikarik.

Deklaratu behar duten teknikariak, “ustez prebarikazioa egin zutelakoan” deitu dituzte, “Zaldibarko zabortegiaren hondamendiaren harira, ingurumenaren kontrako delituak ikertzen dituen auzian”, plataformaren kideen esanetan.

Egueneko elkarretaratzearekin “arduretan azkeneraino, eta goraino” heltzea nahi du Zaldibar Argituk. Izan ere, “hiru urte baino gehiago igaro behar izan da Eusko Jaurlaritzako norbait epaitegira eramateko deklaratzera. Horixe bakarrik nahikoa da ondorioztatzeko gauzak asko hobetu daitezkeela. Harrigarria egiten zaigu hiru urte baino gehiagoan zabortegia kontrolatu behar zuen erakundeko inor ez pasatu izana epaitegitik”.

Beraz, plataformako kideei gustatuko litzaieke egueneko deklarazioak “lehen urratsa izatea Eusko Jaurlaritzaren ardurak zehazten hasteko, ez baitugu uste teknikari horiek baino ez izatea ardurarik zabortegiaren gaineko kontrol faltan, erantzule bakarrak.

Elkarretaratzea ‘Langileak, Osasuna, Erantzukizunak’ lelopean egingo da eta herritarrei bertaratzeko deia egin diete.

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Luiziaren ondoren, Joaquín Beltrán eta Alberto Sololuze hondakindegiko langileak desagertu ziren eta lehenengoaren gorpua bilatzeko lanak “iazko maiatzaren 14an Eusko Jaurlaritzak bertan behera utzi zituen”, salatu dute talde horrek bidalitako komunikatu baten.

Gertatutakoaren ondorioz, “bi langile erailda, baten gorpua zaborpean utzia, milaka herritar kaltetuta, lurrak, airea eta urak kutsatuta” daudela azpimarratzeaz gain,  “ez dugu ahazten eta ez dugu ahaztuko”, adierazi dute.

Zabortegia kolapsatu ondoren “ehunka lagun” jardun ziren “borrokan gertatutakoa eta ardurak argitzeko” eta gertatutako guztia gogorarazteko asmoarekin “Eitzaga Brigadak gauzak bere lekuan jarri nahi ditu, eta bat gutxienez jarri du”.

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La marcha, convocada por Zaldibar Argitu y Ekologistak Martxan, partió al mediodía desde la plaza Cardenal Orbe de Ermua para encaminar sus pasos hacia el barrio zaldibartarra de Eitzaga. Tras una ofrenda floral frente a una escultura en tributo a los fallecidos, se denunció que el derrumbe “podía haberse evitado”, pero todos los implicados –gestora del vertedero, clientes y Gobierno vasco– “miraron hacia otro lado”.

“Nadie quiso ver que el vertedero estaba anunciando su derrumbe a gritos”, criticó Carlos Alonso, abogado y portavoz de la Asociación Vecinal de San Lorenzo. “¿Por qué parar la actividad si podemos sacar en 15 años el dinero que teníamos previsto para 35? ¿Por qué reciclar residuos si es más barato ocultarlos en un agujero?”, cuestionó.

Tras los actos programados, se presentó la escultura realizada por el vecino Iñaki Urizar en homenaje a los trabajadores sepultados, cuya instalación no ha recibido el permiso municipal para ser instalada.

Imágenes del vídeo: Delfín Zubizarreta.

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Una manifestación organizada por Zaldibar Argitu, Ekologistak Martxan y la asociación vecinal de San Lorenzo de Ermua recordará mañana el segundo aniversario del derrumbe de Zaldibar. La marcha, que homenajeará a los trabajadores fallecidos Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, partirá a las 12.00 horas desde Ermua para dirigirse hacia Eitzaga.

El barrio zaldibartarra acogerá el acto en recuerdo de las víctimas a las 13.00 horas, que consistirá en una canción, un agurra a cargo de una dantzari y una ofrenda floral. Para terminar, se leerá un comunicado de Zaldibar Argitu.

Las entidades convocantes mantiene la necesidad de una investigación independiente sobre el derrumbe por parte de la Comisión Europea, con el fin de detectar irregularidades en el control del vertedero. En este sentido, la comisión de peticiones del Parlamento europeo resolvió la semana pasada la petición de información adicional al Gobierno vasco sobre los hechos y solicitó una actualización de la investigación sobre las causas del suceso.

Senda “neoliberal y ecocida”

La mayoría sindical vasca ha apoyado esa reivindicación y ha exigido la depuración de responsabilidades políticas “hasta las últimas consecuencias”. A su juicio, el Gobierno vasco continúa “sin querer cambiar sus políticas de seguridad y salud laboral, que ya han demostrado que son ineficaces e insuficientes”, afirman.

Asimismo, censuran las medidas medioambientales y de gestión de residuos que “siguen la senda neoliberal y ecocida marcada por las clases dominantes y sus intereses y que, en ningún caso, abordan los urgentes problemas de las clases populares”.

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Imagen de una de las movilizaciones realizadas en Zaldibar.

Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han denunciado su exclusión del procedimiento que estudia si ha habido delito contra los derechos de los trabajadores en el caso del derrumbe del vertedero. El auto rechaza su petición al carecer  “de un interés adicional especial”.

Tal y como relatan estos movimientos sociales, el 30 de abril fueron dejados fuera de la citada causa; una decisión frente a la que presentaron recurso el 11 de mayo. “Ahora nos dicen nuevamente que no tenemos derecho a personarnos como acusación popular para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, critican.

Los motivos jurídicos de la exclusión, según el auto, es la falta de acreditación “de un interés adicional especial, pero eso no está regulado así en ningúna ley”. Además, insisten, “estamos ante un delito público y como ciudadanía tenemos derecho a presentarnos”.

Mucho “sin aclarar”

Detrás del derrumbe del vertedero de Eitzaga “hay muchas cosas sin aclarar”, reprochan las plataformas ciudadanas. “Y ante lo ocurrido, nadie asume responsabilidades; ni la empresa, ni el Gobierno vasco. Por eso es imprescindible tener una acusación popular fuerte, y precisamente por eso nos quieren dejar fuera, porque no tienen ningún interés en saber lo que realmente pasó”.

Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria aseguran que continuarán luchando por el esclarecimiento de lo ocurrido, “ya sea en este apartado del caso o en el de delito medioambiental”.

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La Comisión Europea no ha detectado infracciones por parte de las autoridades vascas en el derrumbe del vertedero de Zaldibar. En un adelanto del informe realizado por el ejecutivo comunitario, la responsabilidad es atribuida exclusivamente a la empresa Verter Recycling, que conocía la inestabilidad del terreno desde 2018.

La Eurocámara ha determinado que el Gobierno vasco no incumplió la normativa de la legislación europea, ya que la empresa “contaba con un permiso válido en el momento del accidente” y se habían realizado “inspecciones regulares”. También se señala que, tras el derrumbe, “se adoptaron medidas correctoras urgentes para reducir el impacto negativo sobre la salud humana y el medioambiente”.

En cambio, la comisión destaca que la empresa gestora del vertedero disponía de informes que mostraban problemas de estabilidad en el terreno desde 2018. Esta información “no fue revelada a las autoridades, violando los requisitos del permiso”.

El pasado diciembre, la Comisión Europea aceptó a trámite la petición popular realizada en julio de 2020 para investigar el derrumbe. Los solicitantes —Zaldibar Argitu, la Asociación Vecinal San Lorenzo de Ermua y Ekologistak Martxan Bizkaia— definieron los hechos como “el mayor desastre ecológico ocurrido en Euskadi” y que hace un año se llevó la vida de Joaquín Beltrán, aún desaparecido, y Alberto Sololuze.

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