La Comisión Europea no ha detectado infracciones por parte de las autoridades vascas en el derrumbe del vertedero de Zaldibar. En un adelanto del informe realizado por el ejecutivo comunitario, la responsabilidad es atribuida exclusivamente a la empresa Verter Recycling, que conocía la inestabilidad del terreno desde 2018.
La Eurocámara ha determinado que el Gobierno vasco no incumplió la normativa de la legislación europea, ya que la empresa “contaba con un permiso válido en el momento del accidente” y se habían realizado “inspecciones regulares”. También se señala que, tras el derrumbe, “se adoptaron medidas correctoras urgentes para reducir el impacto negativo sobre la salud humana y el medioambiente”.
En cambio, la comisión destaca que la empresa gestora del vertedero disponía de informes que mostraban problemas de estabilidad en el terreno desde 2018. Esta información “no fue revelada a las autoridades, violando los requisitos del permiso”.
El pasado diciembre, la Comisión Europea aceptó a trámite la petición popular realizada en julio de 2020 para investigar el derrumbe. Los solicitantes —Zaldibar Argitu, la Asociación Vecinal San Lorenzo de Ermua y Ekologistak Martxan Bizkaia— definieron los hechos como “el mayor desastre ecológico ocurrido en Euskadi” y que hace un año se llevó la vida de Joaquín Beltrán, aún desaparecido, y Alberto Sololuze.
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