En concreto, el Ayuntamiento ha constatado que los productos utilizados no contaban con las ecoetiquetas exigidas en el pliego técnico y también que se empleó un producto con hipoclorito (lejía), lo que supone un incumplimiento grave del contrato.

Por otro lado, se ha constatado una vulneración de la normativa laboral vigente y de las condiciones salariales
acordadas,.

Por todo ello, la Corporación abadiñarra impondrá a la empresa una sanción de 2.307,92 euros por utilizar productos de limpieza diferentes a los que se exigía en el contrato. La sanción por el incumplimiento de la
normativa laboral será de 23.079,23 euros. Esta infracción, considerada muy grave, se basa en el hecho de que la empresa “ha aplicado de forma deliberadamente incorrecta los cálculos del salario base y del plus de antigüedad,
generando un perjuicio económico anual de más de 800 euros por persona trabajadora”.

Tal y como establece el procedimiento, se ha concedido a la empresa un trámite de audiencia para que pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.

Compromiso con las trabajadoras

El Ayuntamiento de Abadiño acordó mejorar el salario base de las trabajadoras del servicio de limpieza, estableciendo un salario de 22.000 euros brutos anuales para el primer año y de 23.113 euros a partir del segundo.

También se comprometió a incorporar una cláusula en los pliegos administrativos para la contratación del servicio para priorizar la cobertura de vacantes –bajas y/o aumentar las horas de servicio– con el personal propio que no llegue al 100% de su jornada primero y, en segunda instancia, con las personas que se encuentren en la bolsa de trabajo municipal.

El alcalde, Mikel Urrutia, ha remarcado la importancia de ofrecer un servicio de limpieza de calidad. “La correcta ejecución de los contratos y el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras son fundamentales, y por eso hacemos un seguimiento constante para garantizar que se cumplan todos los requisitos. Queremos asegurar que nuestros
servicios sean siempre de la mejor calidad”.

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Diez personas fueron sancionadas ayer por la Ertzaintza por realizar una fiesta en una vivienda unifamiliar de Durango, incumpliendo las restricciones sanitarias establecidas por la pandemia.

La actuación policial tuvo lugar hacia las ocho de la tarde. Los agentes se encontraron a las personas denunciadas reunidas en el jardín de la casa, momento en el que se procedió a formalizar las sanciones.

Durante la jornada de ayer y esta madrugada, dos personas han sido detenidas y medio centenar denunciadas en Euskadi por participar en fiestas y botellones ilegales.

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El Ayuntamiento de Berriz ha detectado un intento de envenenamiento de gatos en la zona de Bidegain. Ante estos hechos, ha recordado que producir intencionadamente la muerte de animales por sustancias tóxicas lleva aparejadas sanciones de hasta 15.000 euros.

El caso del que hay constancia ha consistido en la introducción de veneno en unas cabezas de pescado. El Consistorio ha remitido al servicio veterinario una muestra del producto y parece ser que puede tratarse, por similitud, de algún tipo de raticida.

A este respecto, se informa que la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, recoge en su artículo 28.3 como falta muy grave causar la muerte de cualquier animal mediante actos de agresión o suministro de sustancias tóxicas que llevan aparejadas sanciones entre 1.502,54€ y 15.025,30€ y que los hechos se han puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes.

Protocolo de actuación

Por último, mencionar que el Ayuntamiento elaboró a mediados de febrero un Protocolo de actuación en relación con las colonias de gatos existentes en Berriz. Esto con un doble objetivo. Por un lado, evitar las molestias que los gatos pueden ocasionar al vecindario con sus maullidos, marcajes de zona y condiciones higiénicas. Por otro, dar un trato digno y ético a estos animales, facilitándoles un espacio adecuado para vivir y alimentarse, consiguiendo una mejor atención sanitaria de los gatos y controlando y cuidando las diferentes colonias existentes en la localidad mediante el método CES (Captura, Esterilización y Suelta).

Como se ha mencionado se está trabajando para adecuar un espacio adecuado para los gatos fuera del casco urbano en colaboración con personas voluntarias del municipio.

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Un turismo que transportaba alrededor de una docena de fardos de paja fue interceptado ayer en Elorrio por la Ertzaintza en un control de tráfico. La carga estaba repartida por el interior y el exterior del vehículo e impedía la visibilidad del conductor.

A pesar de que las imágenes de los hechos se han extendido por las redes sociales a lo largo de la jornada de hoy, los hechos ocurrieron a las 19.10 horas de ayer, según han confirmado desde el Departamento de Interior. A esa hora, un control rutinario de la policía autónoma detectó el vehículo en la calle Padura de Elorrio.

Los agentes sancionaron al conductor por transportar el material de manera indebida. Este ocupaba parte del interior del turismo, así como el maletero –de donde sobresalía notoriamente–, el techo y parte del capó.

Tras instar al infractor a que depositase la carga en el suelo, el hombre transbordó los fardos de paja a otro vehículo adecuado para su transporte.

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El edificio que alberga los números 7, 8 y 9 de la plaza Zaldua.

El Ayuntamiento de Zaldibar ha impuesto multas por valor de más de 40.000 euros al exconcejal de Durango Juanjo Gastañazatorre por no acometer las obras de rehabilitación de un edificio histórico de la localidad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco falló a favor del Consistorio el pasado marzo en un litigio que mantenía con el exedil del PP desde el año 2010.

El importe de la multa corresponde a la suma de las sanciones correspondientes a marzo, abril y mayo, “a razón de 13.000 euros por cada mes que se demore el comienzo de las obras”, explicó ayer la alcaldesa de Zaldibar, Arantza Baigorri.

“A esa cifra hay que añadirle un incremento del 5% por el primer mes, ya que no se ha abonado ninguna cantidad. Si Gastañazatorre continúa sin pagar, habrá que aplicar un recargo del 20%”.

Baigorri comentó que el exconcejal había solicitado una prórroga de dos meses para presentar el proyecto de obra, periodo durante el cual “dejásemos de aplicarle las sanciones. Pero nos hemos negado; ha tenido tiempo de sobra para cumplir con todos los requisitos que le exigía el Tribunal”.

La sentencia hecha pública en marzo, contra la que no cabe recurso, obligaba a Gastañazatorre a comenzar las tareas de rehabilitación de los portales 7, 8 y 9, de la plaza Zaldua, en contra de la pretensión del durangarra de declararlos en ruina. Las obras deberán estar finalizadas para el próximo septiembre.

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