Razones de Estado y razones de humanidad

A primeros de año, el 2 de enero, una sentencia del Tribunal Supremo confirmaba punto por punto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ya en 2005 anuló las subvenciones que otorgaba la Consejería de Justicia para ayudar económicamente a los familiares de presos de ETA en sus desplazamientos a las cárceles de fuera de Euskadi. Es importante aclarar que no se trata de una sentencia ???ética???, sino de una sentencia que se ciñe estrictamente al campo jurídico. El TS no dice en ningún momento que posibilitar dicha ayuda sea algo ???malo???, es decir, éticamente reprobable, sino que el Gobierno Vasco ha sobrepasado sus competencias en esta materia.

El Supremo en su razonamiento insiste en que, pese a que el Estatuto de Autonomía otorga la competencia penitenciaria al Gobierno autonómico, ese ejercicio está condicionado por las transferencias en materia penitenciaria, transferencias pendientes de aprobación. Y precisa que estas subvenciones, entendidas como acción social, deben destinarse únicamente a los familiares de los internos de los centros vascos. Resulta sorprendente, incluso surrealista, que el Gobierno Vasco puede establecer un sistema de ayudas a los familiares de los presos para desplazarse dentro de Euskadi, y no para desplazarse a las cárceles de fuera. Que, por ejemplo, pueda ayudar a la familia cuyo hijo cumple condena en Nanclares, pero no si el hijo está en Puerto de Santa María. Es decir, puede dar ayudas cuando no son necesarias, y no puede darlas cuando la familia las necesita. Esta sorprendente y absurda situación es el resultado, por un lado, de la política de dispersión, y, por otro, de no haber sido aún transferidas las competencias penitenciarias, competencias que sin embargo sí han sido transferidas a Cataluña.

Sorprende que Cataluña haya recibido las transferencias penitenciarias y Euskadi no. Y sorprende, más si cabe, el hecho de que los partidos políticos más defensores en la actualidad del Estatuto de Gernika sean precisamente los que en la práctica menos se han empeñado en el cumplimiento de su totalidad. En buena lógica su defensa entusiasta del Estatuto debería plasmarse en un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de Madrid que nos permita conocer en breve el calendario de transferencias de las competencias pendientes.¿Será así?

Lo del alejamiento de los presos es otro cantar. Obedece a razones políticas, a eso que se suele llamar ???razones de Estado???, pasando por encima de los acuerdos del Parlamento Vasco y del Congreso de los Diputados a favor del acercamiento. Siempre he pensado que las razones políticas nunca deben traspasar las fronteras de la justicia, de la ética. En este caso no es así, porque el alejamiento conlleva consecuencias manifiestamente injustas, tanto para los presos, como para sus familias. A los presos, que cumplen ya cumplen su condena impuesta por los tribunales de justicia, se les añade una pena extra. Las familias, que no han cometido delito alguno, se ven sometidas a un castigo.

Negar esa ayuda a las familias resulta injusto e inhumano. Y si el Gobierno Vasco no tiene competencias, sí las tiene el Gobierno de España, que a través de las medidas de dispersión y alejamiento es el causante de la injusticia, y a quien, por tanto, corresponde repararla estableciendo el procedimiento que garantice y controle la ayuda a esas familias. Si hay razones de Estado también hay razones de justicia y humanidad. Nuestro rechazo a la violencia terrorista no debe llevarnos jamás a justificar o incluso aplaudir medidas políticas que sobrepasen los límites de la justicia y de la ética, y menos aún a entrar en el terreno de la venganza.

José Ramón Arrizabalaga es ex-profesor de filosofía