Los poderosos también lloran

Dos temas mandan en la actualidad: por un lado, la actividad, frenética estos días, del parlamento, en Madrid, y, por otro, los procesos judiciales abiertos en relación a casos de corrupción en que se han visto envueltos personajes ricos, famosos y poderosos.

No negaré que la crónica parlamentaria se presume interesante e, incluso, entretenida; no está claro, siquiera, cuáles serán los grupos que albergará la Cámara Baja, y los partidos políticos con su futuro en el alero (o, mejor dicho, cerca del Limbo del Grupo Mixto), no escatimarán maniobras estratégicas, ni jurídicas, para definirlo según más les convenga.

Pero, al fin y al cabo, presumo que tendremos tiempo, mucho tiempo, y un sinfín de oportunidades para comentar los avatares que afecten a sus distinguidas señorías a lo largo de la legislatura que acaba de echar a rodar.

Así que, por eliminación, hablemos, pues, de sumarios, de instrucciones y juicios en los que los encausados son políticos y personas que gozan de cierta notoriedad, relevancia social y poder. Tanto de los que se celebran ante los juzgados y tribunales como de los que paralelamente se siguen, además con especial avidez, en los medios de comunicación.

Porque, desde Camps hasta Urdangarín, los famosos  cuyos nombres se cuelan en unas diligencias judiciales, en especial cuando se trata de presuntas tramas de corrupción, además de someterse, como procede, al fuero de la justicia togada, quedan, inexorablemente expuestos al arbitrio de todos y cada uno de nosotros, que opinamos y prejuzgamos, a veces sin pudor, no sólo sus conductas presuntamente delictivas sino, prácticamente, todas sus vidas.

Tanto es así que a estos justiciables ricos y famosos les termina persiguiendo un estigma de culpabilidad perpetua, administrado por sus conciudadanos, y ello  a pesar de que los magistrados terminen por declararlos inocentes de los cargos que les imputan, con todos los pronunciamientos favorables que correspondan, dando una soberana patada a la presunción de inocencia que se presupone a todo encausado, al menos hasta que una sentencia firme no diga lo contrario.

Es el oneroso tributo que han de pagar por gozar de una posición social que provoca una mezcla de respeto y envidia. Pero no podemos obviar, tampoco, que el ostentar un cargo público, o el integrar una institución, rancia y arcaica donde las haya, como una casa real, exige, por su propia naturaleza y condición hacer gala de un código de conducta absolutamente irreprochable, y de una honradez a prueba de toda duda.

Por ello, cuando aquella salta, lo hace para siempre y sin remisión. Y sin compasión.