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La era de la morosidad

Se quejan las entidades
financieras de que vuelven a
padecer índices de
morosidad que, ufanos,
presuponíamos desterrados
para siempre de los hasta hace
nada prósperos estados de
la eurozona.

Más allá de un
dato macroeconómico,
detrás de cada impago
subyace algo más que un
pequeño drama, o como
decía el título de
una una película orientada
al público infantil, una
concatenación de
catastróficas desdichas.

No quisiera frivolizar con esta
cuestión, en un tiempo en
que  cientos de familias
asisten, impotentes, a la
ejecución de sus hipotecas
y al lanzamiento de las que han
sido sus viviendas, cientos
más corren el creciente
riesgo de acabar de igual manera,
y otros tantos sortean ese
trágico destino gracias a la
ayuda familiar.

Así que, cuando me
refiero a la tragedia que un impago
significa, lo hago muy en serio y,
simplemente, quiero poner de
relieve que, además de la
precariedad en que se encuentran
quienes incurren en mora frente a
Bancos y Cajas, también
quienes, en calidad de
proveedores, contratistas,
comerciantes o profesionales han
girado facturas por las obras
ejecutadas o servicios prestados, y
esperan, legítimamente,
que sus precios y hononarios les
lean satisfechos, cuando
comprueban que aquellos pagos se
demoran, o, en el peor de los
casos, no llegarán a
hacerse efectivos, no pueden sino
beber del perro negro de la
desesperación.

Porque es inherente a la
morosidad la temible
condición de efecto
multiplicador.  Cada impago
se traduce en otro subsiguiente, y
aquél en un tercero…hasta
terminar por horadar hasta el
más sólido de los
tejidos económicos.

Hasta ahora, al menos,
coexistía en los tiempos
críticos, un ámbito,
el de las Administraciones
Públicas, que todos
intuíamos a salvo de estos
avatares, y en el que muchos
trataban de encontrar refugio
frente a las crisis, ya fuera
contratando con ellas, o recurriendo
a las mismas en demanda de la
tutela y amparo que brindan sus
instrumentos de protección
social.

Esta semana, no obstante, ha
sucedido, en nuestro entorno
más cercano, algo que
habíamos oído
ocurría a otros gobiernos
regionales. Se rumoreaba (en
realidad es un hecho notorio) que
algunas Comunidades
Autónomas pagaban las
facturas de sus proveedores,
incluso, trescientos, y hasta
setecientos, días
después de que les fueran
giradas.

Pensábamos que eso
no casaba con el carácter
del buen vasco: noble y, sobre
todo, magnífico cumplidor
de sus obligaciones de pago. Pero
no cabe la menor duda de que los
tiempos han cambiado. Ahora, con
frecuencia, hace falta más
que la palabra dada y un
apretón de manos para
asegurar el cumplimiento de un
contrato. Y mucho más
aún para hacerlo en plazo
pactado.

Pero sí, incluso el
propio Gobierno Vasco, se ha
sumado, suponemos que por
necesidad, a la muy extendida
costumbre de diferir sus pagos a
momentos posteriores a aquellos
en los que se comprometieron. Y
esto asusta, y no poco.  
     

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