En la medida de lo posible

Si albergábamos alguna inquietud sobre el modo en el que nuestras instituciones redistribuyen los recursos que reciben a través, por ejemplo, de los tributos que pagamos entre todos, podemos, desde ahora, estar absolutamente tranquilos.

En lo sucesivo, el Gobierno Vasco se va a encargar, según ha manifestado recientemente, de controlar y fiscalizar los expedientes que diputaciones y municipios tramitan en materia de lo que conocemos vulgarmente como “ayudas sociales”.

El anuncio, tildado por algunos de oportunista, ha llegado, propagado a bombo y platillo como ya viene siendo habitual, en un momento en el que la crítica situación económica nos convierte en sujetos especialmente sensibles ante las posibles bolsas de fraude que se presume existen en el ámbito de la asistencia pública a los colectivos más desfavorecidos.

Naturalmente se impone, no sólo en épocas de recesión, sino también en las de bonanza, el riguroso control del gasto público, con independencia del área en el que se produzcan. Pero es que los entes forales y los ayuntamientos, vienen trabajando durante muchos años, como gestores de los servicios sociales de base, no sólo tramitando sino, también, haciendo un seguimiento de los diversos expedientes… en la medida de lo posible.

Y digo en la medida de lo posible, porque el personal que atiende estos servicios sociales básicos se encuentra absolutamente saturado por la ingente cantidad de personas que, cada día, acude a sus centros a recabar las ayudas a las que puede acceder a tenor de su situación económica y familiar. Claro que, a lo mejor, el Gobierno Vasco va a destinar de manera permanente, con el coste que ello supone, un ejército de inspectores que repasarán, una y otra vez, cada renglón escrito de todos y cada uno de los expedientes que se tramitan a fin de verificar que el papel puede, realmente, soportarlo todo.

No seamos ilusos. Por mucho que se dispongan a revisar archivos, no determinarán si el perceptor de una renta o ayuda realiza trabajos en la clandestinidad o en la economía sumergida que le imposibiliten acceder a la misma. Lo harán, sencillamente, en la medida de lo posible.

Es decir, que dudo mucho que tan populista iniciativa contribuya a mejorar la gestión de los recursos. Aunque, tal vez esté equivocado, y esta actividad inspectora permita reunir fondos para terminar de poner en marcha otros proyectos socialistas de contenido social, tales como el de dotar de una renta mensual de unos 1.000 euros (hasta que cumplan los 27 años), a los menores que tras agotar el legal periodo de tutela, deben abandonar los centros de acogida públicos. En la medida de lo posible, por supuesto.

Jon Andoni Bengoetxea es abogado y presidente de la Cultural de Durango