El orden público no es negociable: en defensa de la Ertzaintza en Loiu

El aeropuerto de Bilbao (Loiu) vivió recientemente escenas de una tensión inadmisible tras el regreso de los activistas de la Global Sumud Flotilla.

Lo que se había convocado como un acto de bienvenida derivó rápidamente en disturbios que obligaron a la Ertzaintza a intervenir.

En el debate público posterior, se ha hecho evidente la habitual tendencia de ciertos sectores políticos a criminalizar sistemáticamente cualquier actuación policial, ignorando deliberadamente las circunstancias y la necesidad de mantener la seguridad en una infraestructura crítica.

Un aeropuerto no es un escenario para la confrontación ni una zona libre de ley donde las normas de seguridad aérea puedan suspenderse en nombre de una causa política y menos un día con una elevada afluencia de viajeros por el rugby.

Según los informes del Departamento de Seguridad, la concentración obstaculizaba el tránsito normal de pasajeros y cuando los agentes procedieron a franquear el paso al resto de pasajeros que nada tenían que ver y tuvieron que realizar una labor rutinaria de identificación por desobediencia, la respuesta de un grupo de presentes no fue la cooperación, sino el tumulto, el forcejeo y la agresión física directa contra los agentes.

Ninguna policía del mundo puede cruzarse de brazos cuando se vulnera el perímetro de seguridad, se desobedecen órdenes expresas o se lesiona a siete de sus miembros.

El trágico balance de siete agentes de la Ertzaintza heridos y de baja médica desmonta por completo el relato de una protesta pacífica y evidencia el nivel de hostilidad al que tuvieron que enfrentarse los funcionarios públicos.

La gravedad de lo acontecido adquiere una dimensión aún más oscura al revelarse la identidad de los principales implicados en los altercados. La presencia activa de dos personas condenadas por terrorismo de ETA, una de ellas arrestada tras agredir presuntamente a un policía y la otra señalada como la instigadora que rompió el cordón de seguridad, demuestra que bajo la supuesta causa Palestina, se camuflan, viejos conocidos del radicalismo terrorista de ETA, dispuestos a revivir tácticas de confrontación callejera. No estamos ante simples cooperantes desbordados por la emoción, sino ante perfiles con historial delictivo que buscaron deliberadamente el choque con la autoridad.

La intervención de la Ertzaintza, que se saldó con cuatro detenidos acusados de atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia grave, fue la respuesta necesaria ante una provocación violenta premeditada. Ninguna policía del mundo puede cruzarse de brazos cuando se vulnera el perímetro de seguridad, se desobedecen órdenes expresas o se lesiona a siete de sus miembros.

Justificar la resistencia o culpar a los agentes de la violencia desatada supone desvirtuar por completo el principio de autoridad. Los ertzainas cumplieron con su deber en condiciones extremas y merecen el respaldo inequívoco de las instituciones frente al señalamiento de quienes siempre justifican al infractor.

Carlos García es concejal del PP en Durango.

Carlos García es concejal del Ayuntamiento de Durango y portavoz del PP