Las Ayudas de Emergencia Social a pensionistas suben un 35% en 2018

Las peticiones de Ayudas de Emergencia Social (AES) realizadas por pensionistas a la Mancomunidad de Durango aumentaron un 35% en 2018. Este colectivo representa ya casi un tercio (30,4%) de las personas que recurren a este tipo de prestaciones.

Según los datos del informe sobre AES en 2018 hecho público por el ente mancomunado, el año pasado se tramitaron un total de 774 ayudas, 7 más que en 2017. Este ligero incremento también se vio reflejado en el número de personas o familias que las solicitaron, que aumentaron en un 2%.

El perfil de la persona solicitante sigue siendo mayoritariamente femenino (63%), en una tendencia que va al alza. La proporción entre nacionales y extranjeros sigue prácticamente igual, con una ligera mayoría de los españoles (55,4%). En cuando a la composición de la unidad familiar, el 40,2% se componen de un solo individuo.

Vivienda y energía

Las AES se destinan en gran parte a sufragar los gastos de la vivienda, sumando el 86,8% de las ayudas, 662.012 euros. El restante 10,2% ha ido destinado a cubrir necesidades primarias, tales como ropa o gastos de dentista.

En la orden de Gobierno Vasco se incluyó un nuevo concepto en 2017, la energía, destinado a sufragar los gastos de suministro eléctrico, de gas u otro tipo de combustible de uso doméstico. Este concepto ha supuesto el 16,98% del total de las ayudas en 2018, 125.172 euros.

Las prestaciones para necesidades primarias han descendido un 3,31% respecto el 2017, sumando el 10,2% del gasto en 2018. Dentro de estas ayudas se encuentran las destinadas a vestido, alimentación o atención sanitaria no enmarcada en el sistema sanitario, entre otras.

El gasto en AES sigue una trayectoria ascendente, que en 2018 se tradujo en un aumento de 47.117 euros en el gasto. La financiación por parte del Gobierno Vasco ha sido superior que en 2017, pero ha resultado insuficiente para cubrir la demanda total. La Mancomunidad ha aportado 156.273 euros extras para poder hacer frente a todas las solicitudes que se han dado en los municipios que la integran, “sin que se haya producido ninguna denegación por falta de presupuesto”, señala el informe.