Acuerdo definitivo con los dueños del edificio del antiguo gaztetxe de Montevideo para su derribo

Los propietarios del edificio ‘Uribarri 23’, que fue la sede del gaztetxe Sapuetxe, suscribieron ayer un acuerdo con el Ayuntamiento de Durango por el que asumen costear su derribo. Tras la firma, solicitarán a URA, la Agencia Vasca del Agua, los permisos pertinentes para su demolición. El Consistorio, por su parte, se encargará de acondicionar y reparar el entorno que quede tras la demolición.

Tras meses de negociaciones, URA hizo público en noviembre de 2021 su compromiso de invertir 1.160.000 euros en Durango para demoler el puente Montevideo en el que se sustenta el edificio y sustituirlo por otro de mayor sección para reducir la inundabilidad en el casco urbano.

Ahora, tanto la propiedad, como el Ayuntamiento, esperan recibir “cuanto antes” la autorización de URA para comenzar con el derribo, que es “una antigua demanda” de los vecinos y vecinas de la zona, en palabras de la alcaldesa, Ima Garrastatxu, y el teniente de alcalde, Julián Ríos.

El edificio Uribarri 23, ubicado en la calle Montevideo, ha albergado en las últimas décadas distintas actividades. Entre otras, una notaría, el registro, el gaztetxe Sapuetxe y una tienda de electrodomésticos.

En la legislatura pasada, el Equipo de Gobierno formado por el PNV y PSE alcanzó un acuerdo con URA que “eximía” a la propiedad de cualquier gasto en el derribo. En base a ese convenio, la Agencia Vasca del Agua y el Ayuntamiento desembolsarían a partes iguales los 850.000 euros que iban a suponer la demolición y la construcción de un nuevo puente.

“Malgastar dinero público”

La propiedad ha suscrito este acuerdo después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya dictaminado que el convenio firmado por el anterior Equipo de Gobierno (PNV–PSE-) con URA es “nulo de pleno derecho” después de que Herriaren Eskubidea lo denunciara en 2018. 

“No es solo que con este nuevo convenio hayamos ahorrado dinero a la ciudadanía, sino que la Justicia vuelve a dejar en evidencia al antiguo Equipo de Gobierno y demuestra que estaban dispuestas a malgastar dinero público a través de un convenio declarado ilegal, con todo lo que eso supone tanto a nivel ético como político. Hemos tenido que ver cómo durante los últimos tres años la oposición nos echaba en cara no ejecutar este convenio, que a la postre ha sido declarado ilegal”, añaden responsables municipales.