Siete años después

Casi siete años después del inicio de las actuaciones instructoras, se ha dictado ya sentencia en el conocido como ???caso Egunkaria???. Ante todo debemos ponderar que la sentencia en cuestión no es firme, y que las acusaciones pueden interponer, e interpondrán, el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo. Aun así, merece la pena, sin proceder a realizar un minucioso análisis jurídico de la resolución que nos ocupa, reflexionar sobre la naturaleza del inicio del proceso, sus efectos más inmediatos, y, naturalmente, la consecuencia a la que han llegado los juzgadores, al menos en este momento.

El año 2003, ¡qué lejos queda!, se inició el proceso contra la directiva del rotativo Egunkaria, único diario editado en Euskera en aquellos momentos, por considerar que su acción se encontraba vinculada a E.T.A., como posible financiadora y servidora de los propósitos de aquélla. Cuando se procedió a la inmediata clausura del periódico,  como medida cautelar, gran parte de la sociedad vasca se encontraba pasmada ante lo que se percibía como una alarmante instrumentalización estatal de la justicia, como perseguidora de acciones susceptibles de considerarse como meramente políticas, o, lo que es peor, simplemente divulgativas y culturales. Todo lo que tuviera que ver con la defensa del acervo cultural vasco, resultaba tildado de sospechoso, puesto que germinaba en ciertas instancias judiciales, así como en algunos fiscales, una tendencia de considerarlo como afín a la banda armada, por poder llegar a compartir la finalidad última de la misma.

Esta peligrosa espiral, recordémoslo, era auspiciada por ciertos dirigentes del Partido Popular, y jaleada por miembros del Partido Socialista. Si la memoria no me falla, en el propio Parlamento Vasco se votó, a iniciativa del ???tripartito??? (EAJ-PNV, EA y EB), una moción por la que se instaba a la censura del cierre cautelar de Egunkaria, y la inmediata reapertura del medio, contra la que se posicionaron populares y socialistas, incluído el Sr. Patxi López, pese a que, ahora, contradiciéndose de modo manifiesto, una vez más, tilde de ???justa??? la sentencia recaída.

El caso es que Egunkaria se cerró cautelarmente y, siete años más tarde, no se ha abierto. La propia fiscalía, promotora de la iniciación del proceso, enmendó su posición y, en estos momentos, no ejercitaba su papel acusador, reservado éste, a las asociaciones que habitualmente lo asumen en todo proceso que tenga que ver, aun lejanamente, con la identidad del pueblo vasco. Siete años más tarde se han perdido, prácticamente, en el olvido, los ecos de la clausura del diario, las denuncias de torturas, y el proceso entero, las suspensiones y reanudaciones de vistas??? pasando por alto la situación personal de los acusados, la cual, realmente, no ha sido para nada envidiable.

Y ahora, al dictar la sentencia, nos dirán que ésta es la prueba palpable de que el sistema funciona.  Es cierto, creo firmemente que el sistema judicial, en su conjunto, funciona, y resuelve las controversias que tienen los ciudadanos entre sí, y las que se suscitan entre las Administraciones y los ciudadanos, pero siempre que opere bajo una premisa. Esto es, que no se politice, que no se instrumentalice, como en los inicios del ???caso Egunkaria???.

Yo, concretamente, me alegro de que la sentencia diferencie de modo radical y absoluto lo que constituye la defensa de la lengua, la cultura y la identidad vasca, de la actividad terrorista, desligándola, ¡faltaría más!, de aquélla. Y me alegro de que plantee la posibilidad de poner en cuestión determinados informes policiales, los cuales, no pueden constituir ‘per se’, y sin más pruebas complementarias, la piedra angular en la que se apoyen, en exclusiva, las sentencias condenatorias.  ¡Ya era hora!

Pero no puedo alegrarme de que durante siete años se haya privado injustamente a la sociedad vasca de un medio de comunicación de referencia, lo cual no es susceptible de reparar ni aun vía indemnización. Pero, ante todo, no puedo alegrarme de que, durante siete años, los justiciables, los acusados, hayan pasado un auténtico calvario personal, que parte de la sociedad española los haya condenado desde un primer momento, (y piénsese que esto no es extraño porque, para la percepción del común de los ciudadanos, si como medida cautelar se procede al cierre de un periódico, sus gestores tienen que haber cometido necesariamente delitos terribles), ni de que hayan tenido que invertir sus esfuerzos y recursos económicos en acreditar su inocencia, sin que la sentencia que los absuelve imponga a las acusadoras el deber de abonar las costas procesales.

Pero, en el fondo, me alegro mucho.