La izquierda abertzale rechaza la violencia, incluida la de ETA

La izquierda abertzale “rechaza y se opone al uso de la violencia”, lo que “incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones”, según ha dicho hoy Rufi Etxeberria en la presentación de su nuevo partido en el palacio Euskalduna de Bilbao.

Etxebarria ha asegurado que la apuesta de la nueva formación por las vías democráticas “no tiene marcha atrás”. La prueba de ello, argumentó, es que en este proyecto “la izquierda abertzale ni justifica ni ampara el uso de la violencia, cualquiera que sea el origen o naturaleza”.

“En consecuencia -ha sentenciado- rechaza el uso de cualquier tipo de violencia, coacción o connivencia política u organizativa con organizaciones que la utilicen para obtener fines u objetivos políticos”. Etxeberria también ha recalcado que la nueva marca de la izquierda abertzale tiene “total autonomía y soberanía” y que, por ello, rechaza “cualquier tipo de subordinación o dependencia”.

Tal y como ha subrayado, el nuevo partido será “claro en sus principios y compromisos” para cumplir la Ley de Partidos. Sus estatutos no son “un regate en corto a la normativa legal” y en ellos “no hay escapismos literarios, sino un paso determinante, coherente y de no retorno”.

“Un punto de inflexión”

El histórico dirigente ha repetido en varias ocasiones que el nuevo proyecto de la izquierda abertzale supone “un punto de inflexión y superación de modelos anteriores” y que su compromiso con las vías políticas y democráticas es “firme e inequívoco, no estando sujetos a variables tácticas o factores coyunturales”. “No hay marcha atrás posible”, ha recalcado.

Por último ha demandado la legalización de la nueva formación porque va a “cumplir” con la Ley de Partidos, cuyo uso político ha denunciado. Además, ha criticado a quienes quieren “mantener a ultranza” la ilegalización de la izquierda abertzale “con independencia de evaluaciones jurídicas y democráticas” con el propósito de “favorecer opciones e intereses políticos concretos”.

Etxeberria ha explicado que el nuevo proyecto de la izquierda abertzale es fruto de “un reflexión con muchos activos y pasivos”, tras la cual, se apuesta por “un proceso democrático que cierre un ciclo de confrontación violenta”, se aboga por la acumulación de fuerzas independentistas y se crea un nuevo partido que sea un “punto de inflexión”.

Expulsión de militantes

Tras la intervención de Etxebarria, Iñigo Iruin ha desgranado el contenido jurídico de los estatutos. Estos incluyen la expulsión de los militantes que incumplan el artículo 9 de la Ley de Partidos, que establece que una formación puede ser ilegalizada por justificar, fomentar o apoyar políticamente el terrorismo. Asimismo, recogen el “reconocimiento y reparación de todas las víctimas” de las “múltiples violencias” que ha habido en Euskadi.

Iruin ha explicado que los estatutos del nuevo partido se han elaborado de acuerdo con los requisitos “ineludibles” para la formación de un nuevo partido por parte de la izquierda abertzale establecidos por el Tribunal Supremo, en la sentencia de ilegalización de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) de 2007.

Estos requisitos son que no sea continuación o sucesión de una formación ilegalizada y que eso se demuestre por los promotores con la condena o el rechazo, según Iruin, de forma “expresa” de la violencia de ETA. En cuanto a los términos concretos para cumplir ese  requisito, Iruin ha explicado que la reforma de la Ley Electoral del pasado 30 de enero exige para los nuevos cargos electos el “rechazo” y “separación” de la violencia terrorista, pero no la “condena”.

“Rechazo” a la violencia

Por ello, los estatutos recogen el “rechazo” a la violencia como instrumento político, un “rechazo” que “abiertamente y sin ambages incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”.

El nuevo partido y sus militantes también asumen el “rechazo de quienes fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo, oponiéndose, de manera clara y expresa, a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos”.

La “garantía” de que el nuevo partido no tendrá “connivencia política y organizativa” con la violencia y los partidos ilegalizados es el “régimen disciplinario”, que incluye la expulsión de los afiliados por “la realización de alguna de las conductas previstas en el artículo 9” citado de la Ley de Partidos.

La segunda “garantía” es que para ser candidato del nuevo partido se deberán asumir previamente los principios de actuación política y el artículo 3 de los estatutos, que establece que el nuevo partido no podrá permitir una “subordinación o tutela externa” para convertirlo en una “organización vicarial de quienes practiquen la violencia”.

“Presunción de constitucionalidad”

Para Iruin, “la intensidad del rechazo a toda violencia y sus instrumentos que se recoge en los estatutos, exteriorizado, sin equívocos ni circunloquios respecto a la organización ETA, es contrapeso suficiente y ha de bastar, para desvanecer cualquier presunción de connivencia con ella o con organizaciones ilegalizadas”.

Por tanto, ha considerado que los estatutos están “protegidos” por una “presunción de constitucionalidad” y que el Gobierno “debe atenerse a estrictos criterios de legalidad” y realizar la inscripción de la nueva formación en el registro de partidos “sin necesidad de trasladar la decisión a la Sala Especial (del artículo 61) del Tribunal Supremo”.