Atxondo modificará las Normas Subsidiarias para evitar el derribo de las escuelas

El equipo de gobierno de Atxondo llevará hoy al pleno una modificación de las Normas Subsidiarias (NN SS) para evitar el derribo de las escuelas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró nula la construcción del centro educativo tras dar la razón a un grupo de vecinos que alegaban que éste ocupaba terrenos privados.

La modificación que presumiblemente se va a aprobar esta tarde “establece pormenorizadamente las medidas concretas que debe ocupar la escuela. De esta forma se cumplirán los requisitos necesarios para evitar su demolición”, ha asegurado el alcalde de la localidad, David Cobos. “De hecho, la propia sentencia del juez dejaba en manos del Ayuntamiento impedir el derribo modificando las NN SS”.

Según Cobos, cuando la anterior regidora de Atxondo, Rosa Elizburu, aprobó el Plan Especial del Área Escolar, “no se detalló la construcción del colegio hasta el extremo, al estar pendiente el proyecto definitivo. Es algo habitual en el caso de edificios públicos, donde sabes que no se van a producir barbaridades urbanísticas”, ha añadido.

El Pleno de Atxondo también designará hoy el órgano que se encargará de depurar responsabilidades, si las hubiera, por la construcción de las viviendas. Este acuerdo cumplirá otra de las exigencias vecinales incluidas en la sentencia del TSJPV.

EH Bildu, que ostenta la mayoría absoluta, propondrá al teniente de alcalde, Jorge Jauregi, para presidir un órgano que determinará “si es necesario abrir expedientes a algún técnico municipal o a algún cargo político”, ha explicado Cobos.

Veinte años de conflicto

El conflicto entre el Consistorio de Atxondo y los vecinos de los números 5 y 7 de la calle Euskal Herria data de 1987, cuando el primero adquirió una parcela de 4.700 metros cuadrados situada junto a las viviendas de los demandantes. En 2007 se cedieron estos terrenos al Gobierno vasco para que iniciara la construcción del centro de educación primaria.

Lakua decidió paralizar provisionalmente los trabajos en un momento dado tras alegar los vecinos que el edificio ocupaba terreno de su propiedad, en primer lugar, y que no se respetaban las distancias establecidas en las Normas Subsidiarias, más tarde. El centro entró en servicio en el curso 2014-2015.

Los afectados acudieron a los tribunales y, a pesar de que una sentencia de 2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dio la razón al Ayuntamiento, recurrieron esa decisión. En febrero, el Tribunal Superior resolvió que debía anularse la licencia de obras, derribar el colegio y crear un órgano que depurase responsabilidades.