Increíble pero cierto

La querella del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por su investigación del franquismo, a la que se había sumado Falange Española de las JONS, ha permitido al juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela sentar en el banquillo a Garzón por un supuesto delito de prevaricación, castigado con inhabilitación para ejercer como juez por un periodo de 10 a 20 años. La apertura del juicio, la suspensión de funciones, el destierro de su despacho en la Audiencia y la foto del magistrado en el banquillo pondrán fin a la carrera de Garzón, antes incluso de que recaiga la previsible condena de inhabilitación.

Esta vez  no ha sido el “juez estrella” quien  ha decidido ser protagonista. Me refiero al juez Garzón. Esta vez ha sido el juez instructor Varela quien sin pretenderlo lleva camino de convertir a Garzón en el personaje mediático del año. Sin ser un entendido en cuestiones jurídicas, ni pretender serlo, mi percepción de ciudadano normal me dice que el juez Varela ha cometido el doble error de iniciar un proceso a instancias de dos colectivos herederos del franquismo y, además, en un asunto tan sensible para las familias de las victimas de la guerra civil y de la postguerra. Y ese doble error, sin medir sus previsibles consecuencias sociales, sólo resulta explicable desde el ansia de venganza personal o corporativa hacia su colega Garzón.

En su empeño revanchista, Varela no mide la repercusión de su decisión en la sensibilidad de la sociedad y en el dolor de las familias de las víctimas. De unas familias que lo único que desean es ejercer el derecho de enterrar dignamente a sus muertos, de pacificar su propia vida dando sepultura a sus seres queridos y renovarles el recuerdo, de dar en definitiva satisfacción a un sentimiento humano.

El juez Garzón buscó la vía jurídica que le permitiera atender la solicitud de estas familias. El instructor Varela considera que el intento de Garzón traspasó los límites de sus competencias como juez y le acusa de prevaricador. Cabe la posibilidad de que Garzón se equivocara en su intento, pero es lógico pensar que en el sistema judicial existen medidas correctoras y disciplinarias eficaces, sin la necesidad de llegar a la acusación de prevaricación y a la consiguiente inhabilitación.

Mientras a Garzón se le acusa de prevaricador, el juez del Olmo, responsable del atropello de ‘Egunkaria’, vapuleado incluso por sus colegas de la Audiencia nacional en la sentencia absolutoria del caso, seguirá desempeñando su trabajo de juez en su destino actual de la Audiencia de Murcia como si nada hubiera sucedido. Increíble, indignante, pero cierto.

José Ramón Arrizabalaga es ex-profesor de filosofía