Imputada la exalcaldesa de Zaldibar por supuestas irregularidades en el vertedero de Eitzaga

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Durango ha imputado a la exalcaldesa de Zaldibar, Arantza Baigorri (EH Bildu), en el marco de una investigación por presuntos delitos urbanísticos vinculados al vertedero de Eitzaga, cuya colmatación y posterior derrumbe en febrero de 2020 provocó la muerte de los operarios Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Junto a Baigorri, también han sido llamados a declarar tres altos cargos del Ayuntamiento —dos arquitectos municipales y la secretaria-interventora— así como responsables de Verter Recycling y técnicos externos.

La causa se sigue por presunta prevaricación urbanística y administrativa en base a los artículos 319, 320 y 404 del Código Penal. Según la instrucción, el juzgado investiga si se produjeron ampliaciones no autorizadas del recinto sobre una superficie de 65.000 metros cuadrados adicionales a los 137.000 permitidos en la ladera de Eitzaga.

Las diligencias se incoaron el 5 de febrero de 2024 y el secreto de sumario se prolongó durante casi un año. La Ertzaintza, actuando como Policía judicial, entregó en junio de 2025 un informe de 3.679 páginas con veinte conclusiones, de las cuales sólo cinco se consideran aún investigables por no estar prescritas.

El auto judicial, notificado a las partes en diciembre, convoca a declarar a los nueve investigados los días 5, 6 y 7 de mayo. Baigorri, que fue alcaldesa entre 2011 y 2018, será la primera en comparecer, el 5 de mayo a las 9.30 horas. La investigación se centra en si durante su mandato se autorizaron o toleraron actuaciones urbanísticas que habrían contravenido la normativa vigente.

Fuentes de EH Bildu de Zaldibar han señalado que las actuaciones del Ayuntamiento de Zaldibar durante esos años “se desarrollaron conforme a los criterios y recomendaciones de los servicios técnicos municipales, incluido el arquitecto municipal y las asesorías técnicas contratadas, y la modificación del PGOU fue avalada sin matices por la Diputación Foral de Bizkaia”.

Recurso de nulidad

Asimismo, destacan que “el Ayuntamiento de Zaldibar puso desde el primer momento a disposición de la Ertzaintza y de la justicia toda la información y documentación requerida” y que actualmente “el procedimiento se encuentra pendiente de las resoluciones judiciales, tras la presentación por parte de las defensas de un recurso de nulidad de actuaciones”.

La defensa de los imputados alega defectos procesales, especialmente por la superación de los plazos legales de instrucción. Sin embargo, la jueza instructora sostiene que el cómputo de los doce meses ordinarios debe iniciarse desde la recepción del atestado de la Ertzaintza, fechado en verano de 2025. La decisión final corresponderá a la Audiencia Provincial de Bizkaia.

EH Bildu ha remarcado que “actúa con responsabilidad, transparencia y plena colaboración ante cualquier actuación que deba ser esclarecida” y que “Arantza Baigorri no obtuvo beneficio personal alguno y, tras dejar la alcaldía en 2018, se reincorporó a su puesto de trabajo”.