Zaldibar Argitu critica la exclusión de responsabilidades previas a 2015 tras la imputación de la exalcaldesa

La plataforma ciudadana Zaldibar Argitu ha hecho pública su primera valoración tras conocerse hace unos días la imputación de la exalcaldesa de Zaldibar, Arantza Baigorri, y de tres altos cargos municipales por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el vertedero de Eitzaga. En un comunicado, critican duramente que la jueza haya decidido no investigar posibles irregularidades anteriores a 2015, al considerarlas prescritas.

Según advierten, esta limitación distorsiona el contexto del caso y “evidencia una intención clara de no investigar a responsables municipales que impulsaron y sostuvieron el vertedero” durante sus fases iniciales. La causa judicial, abierta en 2024 como pieza separada de la investigación por delitos ambientales, mantiene imputadas a nueve personas, pero Zaldibar Argitu no figura como acusación, a diferencia de la causa principal sobre el desastre de 2020.

La organización denuncia también que algunos extractos del sumario se hayan filtrado a los medios y subraya que no saben quién ha sido el responsable. El auto judicial, explican, se basa en un informe de la Ertzaintza y en las declaraciones de Juan Mari Uriarte, teniente de alcalde entre 2019 y 2023, y con responsabilidad directa en las relaciones del Ayuntamiento con Verter Recycling antes y después del colapso. Sin embargo, se muestran sorprendidos de que ni Uriarte ni el también exalcalde José Luis Maiztegi figuren entre los investigados.

Respecto a los cargos que se imputan a Baigorri –entre ellos, haber regularizado mediante el PGOU terrenos supuestamente ocupados sin permiso por la empresa–, Zaldibar Argitu considera que deben ser ella o su formación quienes den explicaciones. También señala que el PGOU fue avalado por la Diputación Foral de Bizkaia en abril de 2020, con la firma del entonces diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, y pregunta cuál fue la responsabilidad de las instituciones supramunicipales.

Aclarar todo, “sin excepciones”

La plataforma insiste en que deben esclarecerse todas las causas del colapso, incluyendo las irregularidades en la tramitación del vertedero, las deficiencias en la inspección por parte del Gobierno Vasco, la gestión de la empresa y las actuaciones posteriores al derrumbe que provocaron la muerte de dos trabajadores. A su juicio, la instrucción judicial no está abordando el fondo del problema.

“Que se aclare todo lo que debe aclararse. Todo”, subrayan. Y reclaman que finalice de una vez por todas una fase de instrucción que se prolonga desde febrero de 2020, y de la que aún no se conocen sus conclusiones.

Por último, llaman a la ciudadanía a participar en el acto convocado el 8 de febrero a las 12.30 horas en Eitzaga, coincidiendo con el sexto aniversario del desastre.