Gorka Lupiañez se encuentra en la actualidad encarcelado en la prisión de Topas, en Salamanca (Argazkia: Facebook).

El durangarra Gorka Lupiáñez, que se encuentra preso en la cárcel de Topas, fue torturado por la Guardia Civil cuando estaba detenido e incomunicado en 2007, según ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La declaración realizada en Ginebra por este organismo que reúne a un grupo de 18 expertos independientes, “considera que el trato al que fue sometido” Gorka Lupiáñez “durante los cinco días en que permaneció detenido en la Dirección General de la Guardia Civil española en régimen de incomunicación constituyen una violación del artículo 7 del Pacto”, en referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Comité señala en su dictamen que Lupiáñez realizó una “descripción detallada y coherente […] de los hechos que rodearon su detención en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid, de los actos de tortura sufridos, y de la no presentación por el Estado parte del libro-registro de la detención”.

Lupiáñez fue detenido en Berriz en diciembre de 2007 por la Guardia Civil y presentó la denuncia ante el Comité de Naciones Unidas al Estado español en junio de 2015. En su testimonio refirió haber sido víctima de una violación con un palo, palizas, pinchazos en la columna vertebral, más de 50 sesiones de bolsa al día, privación de sueño, amenazas de muerte y otros tormentos.

Aunque llegó si caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este organismo decidió no admitir su demanda, ya que el Estado español pidió al Comité de Derechos Humanos de la ONU que procediera de igual manera.

Régimen de incomunicación

El comité, sin embargo, admitió el testimonio de Lupiáñez y tres su dictamen insta a que las denuncias de tortura sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial por las autoridades competentes. Además ha pedido al Estado español que tome medidas legislativas para poner fin a la detención en régimen de incomunicación.

Señala, por último, que desea recibir del Estado español “en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar” el dictamen, y le pide “que publique el dictamen del Comité y que le dé amplia difusión”.

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Los ayuntamientos de Elorrio y Durango han aprobado sendas declaraciones para denunciar el accidente sufrido por amigos del preso político Gorka Lupiañez cuando acudían a visitarle a la prisión de Topas, en Salamanca.

En Elorrio, localidad de Lupiañez, el texto fue suscrito por EH Bildu y Herriaren Eskubidea. El PNV no lo respaldo al considerar que el fin de la dispersión llegará cuando los presos, “al igual que sus dirigentes Etxebarria, Arraitz y Barrena, soliciten los beneficios penitenciarios”.

El accidente de tráfico sufrido por dos amigos del preso tuvo lugar el pasado 26 de junio cuando se disponían a visitarlo en la cárcel salmantina. A raíz del percance llegaron tarde a la prisión, por lo que la única visita que disponía Lupiañez en toda la semana quedó reducida a 15 minutos.

Ante este incidente, EH Bildu y Herriaren Eskubidea de Elorrio aprobaron un escrito en el que recuerdan que Lupiañez lleva “nueve años preso y dispersado” y añaden que este hecho obliga a familiares y amigos a recorrer cientos de kilómetros para poder visitarlo, “poniéndoles en riesgo semana tras semana”.

Críticas al PNV

El Ayuntamiento de Elorrio denuncia además que “el Estado español aplica un castigo añadido a través de una política penitenciaria vengativa”. Solicitan por ello al Gobierno central que pongan fin a la dispersión y anuncian su intención de estudiar la creación de una comisión municipal para “recibir información de primera mano”  y dar “los pasos necesarios para superar la situación que atraviesan” Lupiañez y los demás presos de Elorrio.

En el escrito también se cuestiona al PNV “por haber rechazado ser parte de la declaración”. De hecho, la alcaldesa de Elorrio, Idoia Buruaga, calificó de “muy graves” las declaraciones realizadas por los jeltzales porque “a nivel nacional el PNV dice que la dispersión es un castigo añadido”, mientras que en Elorrio “no es capaz” de sumarse a un comunicado “en el que se habla de derechos humanos”.

Seguimiento

En Durango, EH Bildu presentó una moción al pleno en la que, además de pedir a los Gobiernos español y francés que desactiven la política de dispersión y respeten los derechos humanos, el Ayuntamiento se compromete a realizar un seguimiento de la situación de los presos y presas del municipio.

El escrito salió adelante con el apoyo del PNV, EH Bildu y Herriaren Eskubidea.

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