El alcalde de Iurreta, Iñaki Totorikaguena, prestó ayer declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Durango como investigado por un presunto delito de prevaricación que cometió al cesar a la secretaria municipal y por otro presunto delito de acoso laboral a esta misma trabajadora.

Junto al primer edil ha declarado la interventora accidental del Ayuntamiento de Iurreta, investigada por un presunto delito de acoso laboral a su predecesora en el cargo.

El Juzgado de Durango abrió diligencias al alcalde de Iurreta tras ser denunciado por acoso laboral en noviembre de 2020. Casi un mes después, el mismo juzgado amplió las diligencias por prevaricación.

Un auto de diciembre imputó como investigados al alcalde de Iurreta y a la interventora accidental.

Según ha trascendido, el auto de encausamiento o sobreseimiento del proceso contra ambos investigados se dictará antes del 16 de mayo.

Además, el Juzgado ha solicitó a la Diputación el expediente administrativo del cese para determinar las eventuales responsabilidades penales de funcionarios o altos cargos de esta entidad.

Denuncias ante Osalan y el Tribunal de Cuentas

En enero de 2021, la secretaria municipal cesada denunció ante el Osalan y la Inspección de Trabajo la situación irregular que sufren más de diez mujeres que trabajan como auxiliares administrativos como personal laboral indefinidos desde hace una media de dos décadas.

También denunció ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas presuntas irregularidades que detectó en contratos menores y en materia presupuestaria mientras estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Iurreta.

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El jurado popular ha declarado culpable de un delito de homicidio con agravante de abuso de superioridad al acusado de matar a golpes en Amorebieta-Etxano a un vecino de esta localidad. La Audiencia de Bizkaia acogió ayer por la tarde la lectura del veredicto sobre este crimen perpetrado el 17 de septiembre de 2015.

El jurado consideró por mayoría que el acusado, de 37 años, es culpable de causar la muerte intencionadamente a un policía nacional retirado, de 61 años, en una huerta de su propiedad.

A la vista del veredicto, el Ministerio Fiscal ha elevado en seis meses su petición de 13 años de prisión, mientras que la acusación particular ha pedido la pena máxima de 15 años de cárcel para este tipo de delitos. La defensa ha solicitado la pena mínima, de 10 años.

Durante el juicio, el propio acusado reconoció haber golpeado a la víctima, si bien alegó que lo hizo para defenderse ya que ambos iniciaron una pelea y sospechó que la víctima podía llegar a usar su pistola contra él.

El jurado da por probado que la víctima vio al acusado llegar a la huerta, pero “no tuvo tiempo de reaccionar y de defenderse”.

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