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Los juzgados de Durango reducen un 24% los asuntos penales pendientes

Los juzgados de Durango reducen un 24%  los asuntos penales pendientes

La implantación de la Nueva Oficina Judicial de Durango ha agilizado la tramitación de los expedientes hasta tal punto que los asuntos pendientes se han reducido en un 24% en materia penal y un 10% en la ejecución de sentencias civiles. El total de casos a la espera de dictamen ha disminuido un 8%.

La Nueva Oficina Judicial de Durango obtuvo el pasado mes de julio un premio estatal por conseguir una “justicia más eficaz”. El galardón lo concedió el Consejo General del Poder Judicial entre otras muchas candidaturas.

Según explican cuatro de las cinco secretarias que trabajan en el organismo judicial, Carmen Fernández, Magdalena Isla, Mercedes Alonso y Begoña Landaluce, esta eficacia se explica por la reestructuración del trabajo que ha supuesto la implantación de la Nueva Oficina Judicial. El cambio arrancó en febrero de 2011 pero no empezó a funcionar de modo efectivo hasta noviembre de ese año.

Producto de esta remodelación, los cuatro antiguos juzgados y el servicio común y de apoyo han sido reemplazados por cuatro UPAD (Unidad Procesal de Apoyo Directo) y un Servicio Común Procesal General y de Ejecución. Este último departamento tiene las competencias directas para hacer efectiva la ejecución de las sentencias.

Cada uno de los antiguos juzgados disponía de personal propio, mientras que los trabajadores de las UPAD y el Servicio Común y de Ejecución se mueven de un departamento a otro dependiendo de las necesidades.

Especialización en el trabajo

El trabajo se ha especializado mediante la formación de equipos, cuando antes un funcionario atendía todo tipo de asuntos. Los grupos trabajan por materias. Los de la Sección Civil tratan, uno casos de mayor complejidad, otro temas de familia y divorcios, y un tercero juicios verbales. Estos “más rápidos pero con la dificultad de que suponen mucha más cantidad”, precisan.

En Penal, hay un grupo en cada UPAD que se ocupa las diligencias previas y los sumarios, otro de las faltas y otro de la violencia de género. En Servicio Común, se ha establecido un grupo de inicio, que lleva familia y las ejecutorias de sentencias penales, y dos grupos de desarrollo que se ocupan de supervisar desde la admisión a trámite de un asunto hasta su resolución.

También se ha delimitado el trabajo de los jueces, que se encargan de los aspectos técnicos y las decisiones de fondo, mientras que la dirección y decisión procesal más la organización de personal ha quedado en manos de las secretarias.

La organización de las UPAD es un experimento que todavía no tiene un “apoyo legal firme” y ha resultado un éxito por “la enorme implicación de secretarios, jueces y funcionarios, que hemos mantenido incontables y largas reuniones para unificar criterios” muchas veces al margen de los horarios de trabajo.

Este sistema de trabajo en equipos sólo funciona en Getxo y en Durango y representa el ensayo de lo que más adelante serán los denominados tribunales de instancia. En Bizkaia también hay UPADs en Gernika y Balmaseda pero no han incorporado este esquema. La implantación de la Nueva Oficina Judicial ha comenzado por las demarcaciones más pequeñas y más adelante llegará a Bilbao o Barakaldo.

“Un estímulo a nuestra labor”

Las secretarias destacan que la Nueva Oficina Judicial ha supuesto un cambio radical en la concepción de la administración de justicia, por lo que “todavía supone mucho esfuerzo, pero cunde”.

El principal obstáculo es la escasez de personal. Medio centenar de personas trabajan entre todos los departamentos y las bajas se cubren con mayor dificultad que antes, pero lo asumen como parte del contexto de crisis en que nos encontramos.

Para el personal de los juzgados, el premio supone un “estímulo a nuestra labor que nos permite experimentar sistemas de trabajo eficiente que parece que van funcionando”, destacan las secretarias. Para llevarlo a la práctica, subrayan, han contado con el “apoyo incondicional”, tanto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como del Gobierno vasco.

 

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