Berriz da un año de plazo para que las lonjas juveniles se ajusten a la nueva ordenanza

Los locales de ocio juveniles de Berriz tendrán un año de plazo para ajustarse a la nueva ordenanza municipal que regula este tipo de espacios. Entre las medidas se incluye la contratación de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 100.000 euros y sanciones hasta los 3.000 euros.
 
Por medio de esta ordenanza se pretende asegurar que se cumplan “unas condiciones mínimas de habitabilidad, higiene y comodidad y unas medidas de seguridad que eviten molestias y riesgos para las personas usuarias y para el vecindario”, han manifestado desde el Ayuntamiento.

Entre los aspectos que deben cumplir figuran la presentación de un certificado de que la instalación eléctrica se ajusta al reglamento, la existencia de toma de agua y aseo, y que el suelo esté pavimentado para facilitar su limpieza.

En términos de seguridad, habrá de disponer de dos extintores y luces de emergencia, y su aforo estará limitado a una persona por cada dos metros de uso público, sin superar las 30 personas. Los locales no podrán estar situados en plantas sótano y la entrada tendrá acceso directo a la calle, sin pasar por ningún portal.

Las personas usuarias, o sus tutores en caso de ser menores de edad, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 100.000 euros.
 

Sanciones de hasta 3.000 euros

La convivencia con los vecinos de la zona afectada es uno de los puntos a los que se ha dedicado especial atención. Los locales deberán estar insonorizados y su emisión de ruido no podrá superar los 75 decibelios, y únicamente durante un horario determinados. Esta franja se extiende desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a jueves; y de diez de la mañana a 11 de la noche, los viernes, sábados y vísperas de fiesta, extendiéndose una hora más los festivos. A partir de estas horas, se podrá permanecer en el local “evitando al máximo ocasionar ruidos”.

Las infracciones cometidas conllevarán una serie de sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros en función de su gravedad, así como la clausura de las instalaciones por un periodo máximo de un año. Los locales serán inspeccionados anualmente, con el fin de verificar el estado en el que se encuentran y se levantará un acta describiendo posibles irregularidades que deberán ser corregidas antes de tres meses.