Aprueban una moción sobre desahucios para conseguir el cumplimiento de otra de 2012

PNV, Bildu, PSE-EE y Aralar han dado el visto bueno una moción que reclama medidas en contra de los desahucios y que insta al Gobierno vasco a revisar “a la baja” los alquileres en VPO. La propuesta solicita el cumplimiento íntegro de los compromisos asumidos contra los desahucios en otra moción de 2012 y responsabiliza a los jeltzales de ello.

Aprobar una moción para que se ejecute otra anterior resulta, cuando menos, curioso. Y más si se tiene en cuenta que el Pleno es el máximo órgano de representación política de la ciudadanía en el gobierno municipal y la Alcaldía debe dar cumplimiento a los acuerdos que allí se alcancen.

Bildu y Aralar presentaron en la última sesión una moción con dos puntos. En el primero reclaman un protocolo con el Gobierno vasco para que el Ayuntamiento sea informado “con anterioridad” ante un caso “de posible desahucio” en viviendas de protección oficial, así como del programa Bizigune o de Alokabide. El objetivo es establecer mecanismos “que eviten el desahucio de manera preventiva”, explicaron.

El segundo punto pide el “cumplimiento íntegro” de una moción del Movimiento 15M de Durangaldea que fue aprobada en noviembre de 2012 y a través de la cual se adquirían determinados compromisos (pueden leerse todos ellos en el documento adjunto) para trabajar en contra de los desahucios. Aquel texto salió adelante con el apoyo de Bildu, PSE-EE y Aralar, la abstención del PNV y el voto contrario del PP

Alquileres “a la baja”

En su preámbulo, la moción incluye reproches hacia los jeltzales por no haber puesto en marcha las medidas aprobadas ni hacer “absolutamente nada” para evitar los desahucios que han seguido produciéndose en Durango “y que, además, han afectado tanto al parque privado como público de viviendas”. Según datos aportados por EH Bildu, el Juzgado de Durango ordenó 65 desahucios el año pasado.

Durante el debate, el PSE-EE solicitó incluir un tercer punto. Su petición fue aprobada e insta al Gobierno vasco a revisar “a la baja” los alquileres de VPO y que éstos, en ningún caso, superen el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Solo el PP votó en contra. Juanjo Gastañazatorre explicó que en 2012 ya apreció que la propuesta “tenía el peligro de crear falsas expectativas” porque estaba llena “de palabras que suenan bien pero resuelven poco”.

136.000 euros para desahucios

Desde los asientos socialistas, Pilar Ríos reclamó “más comunicación” en cualquier asunto relacionado con los desahucios. También pidió a los medios de comunicación que dieran a conocer que el Ayuntamiento de Durango dispone de una partida de 136.000 euros para familias desahuciadas o que se encuentran en riesgo “que mi grupo consiguió incorporar a los presupuestos como enmienda y de la que aún no se ha utilizado ni un euro”.

PNV, Bildu y Aralar volvieron a protagonizar un cruce de acusaciones después de que la jeltzale Goiztidi Díaz puntualizara que uno de los once puntos de la moción de 2012 -el concerniente a poner a disposición de los afectados un email y un teléfono- “sí se había cumplido”. Los concejales abertzales ironizaron sobre un teléfono y un email “que nadie conoce en esta sala”, y criticaron “el pasotismo” del PNV ante una realidad “tan cruda”, “sobre todo teniendo en cuenta todo el dinero que os gastáis en publicidad y en editar una revista”.

“A ver si dejáis de gobernar de una vez para la elite y os precupáis de las necesidades de todos los durangarras”, le reprocharon Dani Maeztu y Eider Uribe.

Relación con Kutxabank

La portavoz del PNV, por su parte, calificó de “vergonzoso” el desinterés de alguna formación “por conocer si las viviendas de emergencia están equipadas o no” y reclamó a Aralar una explicación sobre si los datos de viviendas desahuciadas correspondían solo a Durango. Tras responderle que a todo el partido judicial –“algo que no solo sabes perfectamente, sino sobre lo que tú deberías tener más información”-, Maeztu quiso hacer referencia a la “relación” del Ayuntamiento con Kutxabank.

En la moción de 2012, el Pleno de Durango se comprometió a retirar sus fondos de aquellos bancos o cajas de ahorro que llevaran a efecto desahucios de vecinos o vecinas del municipio. En este sentido, el parlamentario de EH Bildu destacó que, “según nuestras informaciones”, 23 de las viviendas para las que el Juzgado de Durango había ordenado el desahucio en el último año eran de Kutxabank.

Pidió, por ello, una revisión de estos acuerdos “ya que es, con mucha diferencia, la entidad responsable de más desahucios en esta zona y la que, sin embargo, gestiona la integridad de los recursos económicos de esta administración”.