El precio de las cosas

Me voy a permitir la licencia de hacer mía la reflexión que un compañero transmitía durante una conversación esta mañana. Señalaba, como uno de los efectos derivados de la tan manida crisis que nos tiene, prácticamente, acongojados, el que los ciudadanos empezábamos, por fin, a ser conscientes de que las cosas, todas las cosas, tienen un precio, y que, si se trata de las “cosas públicas”, ese precio, además, lo terminamos pagando entre todos.

Es de todo punto lógico que, acostumbrados como estamos a un modelo de estado autodenominado “social”, en la medida que proporciona al conjunto de la población, además de las grandes y más pequeñas infraestructuras, la cobertura de unos servicios básicos (algunos esenciales, otros, no tanto) de manera gratuita, asumamos que esos servicios deban sufragarse de alguna manera, y fundamentalmente, a través de los tributos que gravan a todos contribuyente.

Pero, hablando de contribuir, parecería, también, de una lógica extrema, no sólo que contribuyan más quienes más recursos tengan, lo cual debería convertirse en la piedra angular de cualquier sistema tributario, sino, también, que pague más quien más uso haga de las prestaciones públicas.

Porque, claro, todos aportamos nuestro peculio para poder ejecutar esas infraestructuras u ofrecer esos servicios de los que casi nunca disfrutamos o que, realmente, nunca llegamos a disfrutar. Quiero, por lo tanto, suponer, que ahora que nos miramos los bolsillos, como nunca, antes afrontar cualquier gasto, por corriente que pueda parecer, entenderíamos, y nos parecería fenomenal, que quien, por ejemplo, circule por la renombrada “Super-Sur”, y participe de sus ventajas, pague un peaje que sirva para sufragar su coste, y participe, así, en su abono con más recursos que quien nunca, en su vida, llegue a pasear su vehículo por aquellos túneles.

Y esto podría resultar extrapolable a otros ámbitos de la prestación de determinados servicios no básicos o esenciales.
Soy consciente de que hablar de “copagos” ha venido siendo muy impopular, pero, en estos momentos, pensar que quien vaya a recibir una prestación exclusiva y excluyente, participe, aunque sea testimonialmente y, siempre, en función de sus posibilidades económicas, en el pago de parte del coste de la prestación en cuestión, no ha de resultar disparatado para muchos, porque, en última instancia, serviría, adicionalmente, para evitar demandas abusivas, y poner en alza el valor del servicio que recibimos, es decir, valorarlo como justamente se merece, en la mayoría de los supuestos.

En cualquier caso, no voy a continuar por este camino, no vaya a ser que alguien lea estas líneas, y termine por tomárselas en serio.