EH Bildu y Herriaren Eskubidea han presentado esta semana un recurso de casación para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la sentencia de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que dio su visto bueno al convenio firmado por el Ayuntamiento de Durango y ETS para ejecutar los proyectos de reparcelación y urbanización del PERI Ferrocarril.

El fallo del pasado mes de abril revoca uno anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao que declaraba el acuerdo «nulo de pleno derecho». Entendía que era así porque el convenio fue firmado por la concejala delegada de Urbanismo, cuando el «órgano competente» para hacerlo era la Junta de Gobierno local.

A través de una nota de prensa, EH Bildu y Herriaren Eskubidea destacan que el TSJPV defiende “una valoración del trazado de las vías que no es acorde a la recogida por la ley y que condenaría a las y los durangueses a pagar casi 2,6 millones de euros por recuperar estos terrenos”.

Añaden, en este sentido, que el Ayuntamiento “pagaría por obras más del doble de lo que ETS pagó por ellas, en lugar de su coste real”.

La importancia “de las formas”

Ambas formaciones agregan además que “no podemos dar por buena una sentencia que justifica el incumplimiento de la ley por motivo de interés general. No solo es importante el fondo, sino también las formas”.

Por último, aseguran que van a “defender los intereses de las y los durangueses hasta el final” y que lo van a hacer “con los recursos de nuestros partidos”.

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El Ayuntamiento de Durango interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia que le condena a abonar alrededor de 831.000 euros a siete antiguos policías municipales por las primas de jubilación. El teniente de alcalde, Iker Urkiza, explicó ayer en pleno que “en primera instancia se dio la razón al Consistorio y en segunda, a los extrabajadores”.

Urkiza subrayó además que hay “otra persona (en referencia a otro policía municipal) que está pendiente de iniciar el tema judicial. Estaríamos hablando de otros 137.635 euros”, cantidad que elevaría a casi un millón de euros los pagos pendientes a estos agentes.

Tras destacar que “estamos hablando de unas primas” a trabajadores que se jubilaron con entre 59 y 60 años “sin ninguna merma ni pérdida adquisitiva”, el teniente de alcalde añadió que “este Gobierno tiene claro que luchará por el uso responsable del dinero público y no interponer este recurso supondría dejar de defender los intereses municipales”.

Estos policías municipales denunciaron al Ayuntamiento por negarse a pagarles las primas que se contemplaban, en concepto de indemnización, a los trabajadores que se jubilaban anticipadamente.

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