El PSE-EE ha recriminado a EH Bildu y Herriaren Eskubidea su “falta de transparencia” al no haberse pronunciado públicamente aún sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que se conoció la semana pasada y que considera legal el convenio urbanístico que firmaron el Ayuntamiento y Euskal Trenbide Sarea (ETS) para posibilitar el PERI Ferrocarril. La resolución judicial desestima el recurso que interpusieron el actual teniente de alcalde, Julián Ríos, y el exconcejal abertzale Dani Maeztu.

A través de una nota de prensa, la portavoz socialista, Jesica Ruiz, reclama conocer “la hoja de ruta” de estas dos formaciones tras hacerse pública la sentencia y le extraña que Ríos “no hiciera mención” a si tienen intención de presentar un recurso de casación –como el Equipo de Gobierno sí desveló respecto al fallo que condena al Ayuntamiento a pagar 831.000 euros a siete policías municipales por primas de jubilación– en el pleno celebrado el miércoles. 

Ruiz considera, además, que EH Bildu y SQ-2D también deben aclarar si van a seguir con la demanda de lesividad que anunciaron en noviembre de 2020 en base a la sentencia que el TSJPV acaba de revocar y que buscar echar atrás la resolución del Ayuntamiento de febrero de 2018 que aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación del PERI Ferrocarril.

Bajo qué condiciones

Teniendo en cuenta estas circunstancias,  la concejala socialista cree que “es hora” de que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad y “hable claro a la ciudadanía que pregunta ‘¿y ahora qué?’ porque es la única forma de avanzar y llegar a la mejor solución para todas las partes”.

De hecho, asegura que el Equipo de Gobierno también debería explicar “bajo qué condiciones y premisas, y cuándo piensa iniciar el proceso participativo?” que se acordó en la consulta popular.

“Desde el PSE ya dijimos que la consulta, tal y como estaba planteada y en el momento en el que estaba planteada, no tenía sentido. Por un lado, porque era necesario el diálogo entre las diferentes instituciones y, por otro, por los procesos judiciales que estaban abiertos en torno al PERI-Ferrocarril. Y el tiempo nos ha dado la razón. Nos encontramos en la misma situación que hace dos años, pero con 55000 euros menos en las arcas municipales”, lamenta Ruiz en la nota, aludiendo al dinero que el Ayuntamiento de Durango se ha gastado en el referéndum.

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao declaró hace dos años «nulo de pleno derecho» el convenio que el Ayuntamiento de Durango suscribió con Euskal Trenbide Sarea (ETS) para posibilitar los proyectos de reparcelación y urbanización del PERI Ferrocarril. Esta sentencia ha sido revocada ahora por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que el acuerdo era “conforme a derecho”.

Según explicaron en su día los portavoces de EH Bildu y Herriaren Eskubidea, Dani Maeztu y el actual teniente de alcalde Julián Ríos, el fallo consideraba ilegal el convenio “por un defecto de forma”. En concreto, que el documento fuera firmado por la que entonces era concejala delegada de urbanismo, cuando debía haberlo hecho la Junta de Gobierno.

El convenio fue muy cuestionado por estos dos partidos, que acusaron al entonces Equipo de Gobierno (formado por PNV y PSE) de haberlo firmado en agosto de forma precipitada –estaba pendiente de suscribirse desde 2008– para dejar atado el proyecto de las 5 torres de hasta 18 alturas y evitar que ETS pagara al Ayuntamiento 4,2 millones por excesos de edificación.

Ambas formaciones entendían además que “concurrían motivos suficientes para vislumbrar en el convenio suscrito un actuar administrativo claramente desviado con el único propósito de ‘vestir’ con una apariencia de legalidad a aquellas cantidades que ETS estaría dispuesta a abonar al Ayuntamiento de Durango por la monetarización del defecto de adjudicación del aprovechamiento urbanístico…”, según recoge la sentencia del TSJPV.

Sin pruebas periciales

En la resolución, el tribunal apunta además que “no se aporta prueba pericial alguna” que permita concluir que las aportaciones económicas que se contemplaron por la valoración del suelo, el coste de la urbanización o las obras de desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria “son desorbitadas o ajenas a los valores de mercado”.

Es más, añade que “no existen razones objetivas” para sostener que el Ayuntamiento incurrió “en desviación de poder” y que el convenio no perseguía “fines de interés público” cuando la denominada ‘Operación Durango’ supuso una inversión de 275 millones para ETS.

Declaración de “lesividad”

EH Bildu y Herriaren Eskubidea tienen ahora un plazo de un mes para decidir si recurren la resolución judicial. En mayo del año pasado se dio a conocer otra sentencia que desestimaba un recurso de Herriaren Eskubidea en contra de la aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) del ámbito de ordenación PERI I Ferrocarril y que también buscaba detener el controvertido proyecto de las 5 torres.

Tampoco está claro aún hasta qué punto condiciona este fallo la declaración de “lesividad” del proyecto de reparcelación del PERI Ferrocarril que el Ayuntamiento de Durango aprobó el pasado mes de noviembre con los votos de EH Bildu y Herriaren Eskubidea. PNV y PSE ya criticaron entonces la decisión al entender que así se “dilataba” y se “judicializaba” el proceso.

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