Zaldibar renuncia “a grandes inversiones” en 2017 por la devolución a Udalkutxa

Los 147.000 euros que Zaldibar debe devolver a Udalkutxa han lastrado la capacidad para financiar proyectos en 2017. De los 2,88 millones de presupuesto aprobados ayer, la localidad tan sólo podrá destinar 98.000 euros a inversiones, una cantidad que permitirá únicamente “mantener los servicios que ya se prestan”, según el concejal de Hacienda, Aitor Arizmendiarreta.

A pesar de ello, el Consistorio ha logrado aumentar su presupuesto en 95.000 euros, respecto a 2016. Esto se ha logrado “gracias a una serie de subvenciones no incluidas anteriormente y a un aumento del importe recaudado vía impuestos”, aclaró el edil.

La mayor parte de los 2,88 millones aprobados con los votos de EH Bildu -PNV y PSE se abstuvieron- se consumirán con el gasto corriente. La partida destinada a inversiones es la menor con la que ha contado Zaldibar en las últimas legislaturas estará destinada “a tareas imprescindibles, sin grandes proyectos”, aclaró la alcaldesa Arantza Baigorri. De esta cantidad, 30.000 euros irán destinados a los presupuestos participativos, 20.000 euros menos que el año pasado.

El PNV y el PSE se abstuvieron ante la propuesta del equipo de gobierno. Los jeltzales reprobaron a EH Bildu “olvidarse de los barrios de la localidad” y denunciaron que, en año y medio, han presentado más de 30 reclamaciones “y no se ha hecho caso a ninguna”. El socialista Javier Tera criticó la “escasa cuantía destinada a los presupuestos participativos. Con ese dinero no se va a poder sacar adelante casi ninguna propuesta de la gente”.

Fuerzas de seguridad del Estado

Durante el pleno de ayer también se aprobó una moción para pedir la retirada de las fuerzas de seguridad del Estado de Euskal Herria. El texto, similar al recientemente aprobado en Berriz, sólo contó con los votos del grupo proponente, EH Bildu.

El PNV y el PSE presentaron, a su vez, una enmienda pactada por ambas formaciones en el Parlamento vasco. En este texto, se solicita una adecuación de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a su “estricto ámbito competencial”, en contraposición al total repliegue exigido por la formación abertzale.

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