Zaldibar

Es de suponer que a la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco no le quedarán ya ropas que rasgarse tras el desarrollo de los acontecimientos acaecidos en la escombrera de Zaldibar. La inacción –que cuesta pensar que solo obedezca a una pura negligencia– ante las irregularidades detectadas en la composición de las basuras depositadas en la escombrera viene de lejos, de muy lejos ya que las supuestas irregularidades que acumula la instalación de la empresa Verter Recycling, que es la empresa que explota la escombrera, se conocían desde 2015.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia advertía hace cinco años que recibía vertidos muy peligrosos y prohibidos desde 1986. Técnicos del Gobierno vasco detectaron el pasado mes de junio que acumulaba residuos no autorizados y ocupaba más terreno del concedido, entre otras infracciones.

Ante estas evidencias la viceconsejera enfatizó que se iba a «examinar todo el expediente y la autorización con la que estaba trabajando esta empresa. Actuaremos con el máximo rigor ante cualquier sospecha». (Curiosamente se iba a actuar sobre sospechas no haciendo referencia a las evidencias). Pero una vez estallada la catástrofe que ha costado la vida de los dos trabajadores que operaban sobre ella, la viceconsejera se descuelga con unas declaraciones que son para enmarcar, toda vez que decían “que estaban valorando la posibilidad de efectuar la apertura de un expediente sancionador habida cuenta de las irregularidades que detectaron en la inspección efectuada en… ¡julio de 2019!”. Siete meses, siete, para “valorar la posibilidad de efectuar la apertura de un expediente”.

A partir de ahí los hechos se van sucediendo…. para mal. Incendios espontáneos en la escombrera que liberan dioxinas y furanos en concentraciones que superan 50 veces a las habituales en ese entorno procedentes de materiales cuyo vertido no estaba autorizado, declaraciones del lehendakari exculpando al Gobierno Vasco de cualquier responsabilidad en este desgraciado asunto, cuando en todo caso debe ser un juez quien dictamine semejante cuestión y la tardanza de nuestro primer mandatario –6 días– en aparecer por el lugar de los hechos.

Quedan un montón de cuestiones en el alero que harán muy largo el desarrollo de este penoso asunto. ¿Cuándo se recuperarán los cadáveres de los dos trabajadores sepultados? ¿El emplazamiento de la escombrera junto a la autopista AP-8 era legal? ¿La intención de la Diputación de construir un muro de contención mayor del anteriormente existente quiere decir que el derrumbado era insuficiente? ¿Qué hacer con los escombros que se van retirando para localizar los dos cadáveres? ¿Qué dictaminará el juez acerca de las responsabilidades de la Administración y del propietario de la explotación ? ¿La inoperancia en la acción –siete meses pensando– tuvo su origen exclusivamente en la desidia de los mandatarios y funcionarios del departamento de Medio Ambiente? Las reiteradas advertencias acerca de la inestabilidad del depósito por parte de una de las victimas, ¿cómo afectarán al proceso de investigación del siniestro?

Cada día que pasa surge una novedad. La última es que la constructora que realizó la obra no se ajustó a la declaración de impacto ambiental aprobada por Medio Ambiente. ¿Pero qué está pasando aquí, es que esta empresa tenía un trato “especial”? Visto el desarrollo de los acontecimientos, este asunto en su conjunto está tomando el aspecto de ser una auténtica ceremonia de la confusión en el que la actuación del Departamento de Medio Ambiente ha dejado mucho que desear por chapucero y oscurantista.

Las enumeradas son dudas, pero también hay certezas, como por ejemplo que la destitución de los responsables políticos del área de Medio Ambiente por parte del ejecutivo ante el calamitoso desarrollo de este asunto, sería tanto como reconocer la culpabilidad del Gobierno y ….”antes morir que perder la vida”, por tanto se aplicará un espeso manto de silencio sobre el tema, esperando que con el paso del tiempo se vayan diluyendo las emociones, para finalmente encontrarnos ante un discreto retiro dorado de los mismos.

Rafael Hidalgo