Nos acribillan a tasas

Con la que está cayendo y, encima ¡nos acribillan a tasas! Disculpen que sea la deformación profesional la que me soliviante, y que les aburra con una cuestión que importará bien poco a casi todo el mundo??? hasta que se vea en la tesitura de tener que acudir ante un juzgado o tribunal para buscar la tutela de algún derecho legítimo y elemental.

Piensen que comparecer ante un juzgado en tiempos de crisis es una circunstancia más habitual de lo que nos podamos imaginar. De hecho es algo muy, pero que muy habitual. Desde el propietario de un piso que está alquilado a un inquilino que se retrasa en el pago o que no paga la renta, hasta quien reclama a alguien al que prestó una cantidad de dinero para salir de un apuro su restitución, y pasando por el asalariado al que se extingue prematuramente su contrato de trabajo, deben, todos, formalizar ante el juzgado una demanda en defensa de sus intereses.

Al fin y al cabo, el derecho a obtener una tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a exigir que sea un juez el que resuelva una controversia, está constitucionalmente reconocido. Ahora bien, es cierto que ni la constitución, ni ninguna otra norma del ordenamiento español, garantiza que este derecho haya de ser gratuito.

Tradicionalmente, salvo las personas que son acreedoras del beneficio de justicia gratuita (para que me entiendan, quienes ganen menos del doble del salario mínimo interprofesional), los justiciables han tenido que hacer frente a los honorarios de los abogados, los procuradores y de los peritos que pudieran intervenir en una causa. Lo que no es poco. Y algunas personas jurídicas (las empresas), las que contaban con cierto volumen de actividad, debían abonar una tasa específica por litigar.

A partir de ahora, no sólo estas empresas, sino todos los particulares, salvo los beneficiarios de los abogad@s y procurador@s del turno de oficio, deberán hacer frente, además, a una tasa pública por activar el sistema de la administración de justicia. Conceptualmente, pudiera ser, incluso, algo asumible, de no ser por el importe de las tasas que el ministro Gallardón se ha sacado de la chistera.

No les abrumaré con datos concretos. Simplemente, les diré que, en algunos casos, son de una cuantía suficiente para disuadir a un ciudadano de interponer una demanda o recurso de apelación. Suficiente, para que un ciudadano pueda ser ver cómo un derecho subjetivo del que es titular, se ignora o atropella. Suficiente para que se quede sin protección. Indefenso.

Yo siempre he discutido, vehementemente, con quien venía afirmando que la justicia era para los ricos, como en otros tiempos siniestros y ominosos. No estaba de acuerdo, en absoluto. Imagino que porque creo firmemente en la honestidad y capacidad de la gran mayoría de los profesionales de la justicia.

Pero me temo que esto pueda cambiar. Y no me resigno a que así sea. Porque confío en que desde las instancias competentes se activen los mecanismos necesarios para enmendar la creación de estas tasas y que ningún ciudadano quede indefenso.

Jon Andoni Bengoetxea es abogado y presidente de la Cultural de Durango