AP-8 Capítulo 5: El engaño de la financiación

Siempre que se cuestiona el peaje de la AP-8 surge el enfrentamiento entre los que mantienen que es una infraestructura sobradamente amortizada, y la versión oficial de la Diputación, según la cual no está amortizada, y añaden que está obligada a afrontar la financiación de las nuevas inversiones que suponen el corredor Gerediaga-Elorrio y la variante de Ermua, ambos en construcción.

La anterior afirmación es el núcleo principal del argumentario establecido por la Diputación para explicar la necesidad de mantener el modelo actual de peajes, añadiendo que se mantiene de acuerdo con la ley puesto que la Norma Foral 3/2010 así lo impone. Por ello, es hora ya de revisar lo que realmente se establece en la ley para poder diferenciar lo que es la realidad de aquello que no pasa de ser un relato de la misma.

La Norma Foral 3/2010 gira en torno a cuatro fundamentos básicos.

1. 1. Establece cuáles son las infraestructuras sujetas a peaje
2. 2. Fija los criterios de financiación, indicando cuáles son las partidas a cubrir: inversión, mantenimiento, gastos de explotación, y rendimiento de capital.
3. 3. Contempla la modulación de los peajes, permitiendo que la Diputación Foral pueda modificar los importes de los mismos en función de un amplio abanico de motivos.
4. 4. Establece las nuevas obras que se consideran desarrollo de la infraestructura, y que deberán ser financiadas por los peajes: Gerediaga-Elorrio y Variante de Ermua.

Establecidos los criterios básicos que rigen la Norma Foral 3/2010 podríamos entender que desde Diputación mantengan que es preciso establecer un estudio pormenorizado de la repercusión de la modificación de los peajes en el sistema de financiación que establece la ley.

Pero lejos de ser indispensable, ese estudio, no va más allá de ser un proceso de autojustificación del mantenimiento de un modelo injusto y arbitrario.

1.450 millones de euros en 25 años

Cuando califico de injusto, certifico que lo es, puesto que ni esta Diputación, ni nadie, es capaz de explicar la adecuación del peaje de la Variante Sur a las necesidades de financiación de la misma, un peaje que no cubre ni los gastos, acumulando deuda año tras año, y sin aportar un euro a financiar los 900 millones de euros que costó su construcción. Injusto también porque imponer la financiación de la Variante de Ermua y la Gerediaga-Elorrio es una decisión política injusta que nos aboca a asumir una financiación, vía peaje, de más de 1.450 millones de euros en los próximos 25 años.

Si la modulación que establece la propia ley permite modificaciones y éstas son lo que son -decisiones políticas-, pues que las tomen y dejen de marear la perdiz y de intentar engañar a nadie que no sea a ellos mismos.

Sí, es momento de decisiones políticas que se pongan encima de la mesa, se acuerde, y se dé respuesta a una ciudadanía que no está para engaños. Por cierto, en el próximo capítulo expondré una propuesta, para aportar al debate.

Alberto Uriguen

Alberto Uriguen