¿Recuerdan la época de los primeros teléfonos móviles? Los vimos en nuestras televisiones. Eran grandes dispositivos con antenas desplegables que viajaban en los autos de ejecutivos americanos. El invento nos cautivó porque transmitía una serie de valores superficialmente atractivos. Sin duda, en la mayoría de los casos no adoptamos esta costumbre por necesidad, sino por la exigencia del ser humano a sentirse diferente, a marcar la diferencia. La necesidad actual, pues, fue edificada a posteriori.

Y recuerden la clásica pregunta: “¿Qué tanto de cobertura tiene su compañía? Hoy esta cuestión ha perdido sentido: ya no hay túnel, interior de taberna o transporte público que se resista a las ondas electromagnéticas. Será porque las antenas se han multiplicado, reproduciendo las ondas, e incrementando nuestra exposición a la radiación electromagnética. Y sin embargo, la mayoría de la gente desconoce cómo se comunican dos dispositivos de telefonía inalámbrica o qué son las ondas electromagnéticas. 

Efectivamente, vivimos rodeados de campos electromagnéticos. Las radios, los televisores, los teléfonos móviles, las líneas de alta tensión, los microondas… son fuentes artificiales de campos electromagnéticos. Y lógicamente, difícilmente podríamos entender esta sociedad y nuestro día a día sin estos aparatos. Es parte del progreso, como dirían algunos. Y cualquier recelo o sospecha sobre la peligrosidad de estos aparatos es un atentado contra el progreso y la tecnología. Es ya un clásico el argumento de ciertos políticos que intentan deslegitimar a quienes cuestionan la inocuidad de estos inventos: “Nos quieren devolver a las cavernas”; o “quieren que vivamos con velas, como nuestros abuelos”, comentan.

“Es el progreso, tonto”, insisten otros. De acuerdo. Pero parece que los ciudadanos y las ciudadanas hemos abandonado el control del progreso, si es que algún día lo tuvimos. No somos nosotros, sino las grandes empresas multinacionales y los elementos capitalistas quienes marcan el ritmo. Crean nuevos productos antes de que sean necesarios; e inteligentemente crean la necesidad basándose en principios mercantiles y poco éticos. O sea, los productos que crean son meras piezas intermedias del consumo, nosotros somos sujetos del negocio, y nuestra voluntad se diluye en el sistema capitalista.

¿Y dónde queda el derecho a preservar nuestra salud dentro de este sistema? Nos acusarán de alarmistas, porque vemos peligros por todas partes: los transgénicos, el cambio climático... y ahora, la exposición a ondas electromagnéticas. Pero lo cierto es que sin tener la certeza de su inocuidad, dejamos en manos de los intereses empresariales nuestra salud y nuestro progreso. Pero existe un principio jurídico que prioriza la prevención, que intenta protegernos.

El Parlamento Europeo se basó en el “principio de precaución” para emitir una serie de recomendaciones: que los estados miembros desarrollen una legislación actualizada que regule los dispositivos emisores de ondas electromagnéticas; que fijen unos mínimos de exposición preventivos; y que se protejan las capas poblacionales más sensibles a los posibles efectos adversos (niños, ancianos y enfermos). Textualmente, se alude al “principio de precaución” de esta manera: el principio de precaución puede invocarse cuando es urgente intervenir ante un posible peligro para la salud humana, animal o vegetal. En estos casos las consecuencias de no regular esta materia sería más graves que en el caso de hacerlo.

La OMS avanza por el mismo camino: califica las ondas como potenciales cancerígenas, sean ondas producidas por teléfonos móviles o sistemas de Wi-Fi. Y hay quién ya ha hecho caso. Algunos ayuntamientos legislan en materia de antenas de telefonía móvil; la Biblioteca Nacional Francesa, la biblioteca de Baiona, y la Universidad de Lakefield (Canadá) suprimen el Wi-Fi; y el gobierno de Alemania recomienda a sus ciudadanos y ciudadanas prioricen el cable en sus conexiones a Internet. Son sólo algunos de los miles de ejemplos.

Aralar presentó en el Parlamento Vasco una iniciativa sobre esta materia para instar al Gobierno Vasco a que redactara una ley basada en el citado principio de precaución. Los tres partidos con mayor representación (PNV, PSE y PP), los tres que habitualmente, en temas sociales, se diluyen en la ambigüedad del centro político y pecan de cobardía, la rechazaron y firmaron una mucho menos ambiciosa. Acordaron, básicamente, seguir con atención los estudios que se hagan sobre este tema. Aralar considera que no es suficiente, porque así se intenta simplemente no contrariar a las grandes empresas, y se olvida el Principio de Precaución.

Dani Maeztu es abogado, parlamentario de Aralar y concejal de Durango