Afortunadamente, la patronal de los empresarios del Estado ha reconsiderado su propuesta de modalidad contractual que, teóricamente, iba a facilitar el acceso del colectivo más castigado por el desempleo, el de los jóvenes, al mercado laboral.

No tenía desperdicio. Se perseguía que los menores de ¡treinta años! pudieran suscribir contratos de trabajo “sin protección” por periodos de tiempo de seis meses, prorrogables a un año, percibiendo una retribución que se correspondiera con el salario mínimo interprofesional. La propuesta precisaba de una traducción para su correcta comprensión por el conjunto de la ciudadanía: debíamos conocer en qué consistiría la “falta de protección”, y recordar que el salario mínimo interprofesional fijado para el año 2010 en el conjunto del Estado es de 633,30 euros mensuales.

Así, y aunque la invocación de una modalidad de contrato de trabajo “de inserción social de los jóvenes” suene bien, el hecho de insinuar si quiera que los contratos en cuestión no deberían cotizar al sistema de la Seguridad Social y que, en su consecuencia, ello significaría que el periodo trabajado no se computaría a efectos de generar prestación de desempleo, supone un enorme menosprecio al marco de las relaciones laborales configurado, desde hace décadas, en nuestra sociedad.

Si lo que se persigue por la patronal es salir de una época de recesión a través de la contratación precaria de trabajadores, ahorrándose cargas sociales inherentes a la relación laboral y cercenando derechos laborales básicos, se equivoca de plano, puesto que la implicación de los recursos humanos en la instauración de una economía competitiva es, más que necesaria, vital. Y la implicación precisa de una renovada motivación: difícilmente se encontrará motivada una persona de 30 años, a la que el futuro le depara una contratación -por periodo máximo de un año-, por la que percibirá una retribución de 633,30 euros mensuales, y tras la cual no podrá, ni percibir una indemnización derivada de su extinción ni acceder a la prestación por desempleo.

Pero es que, además, mucho me temo que sólo la creación de empleo estable, de modo más o menos permanente, permitirá invertir el ciclo económico y llevarlo hasta el punto de inflexión de un crecimiento moderado, pero sostenido. Como es complicado crear empleo estable en estos momentos, éste debe ser incentivado por el sector público que destina ingentes cantidades de recursos para paliar los efectos de la crisis.

Se me ocurre, y seguramente será algo disparatado, que, si los costes en materia de seguridad social constituyen para los empresarios un severo escollo para la creación de empleo, y al mismo tiempo se establecen prórrogas a los programas de subsidio de desempleados, quizá podrían destinarse éstos subsidios -los famosos 400 euros mensuales-, a financiar el coste mensual de la seguridad social de los trabajadores, para el caso de que éstos suscribieran un contrato de trabajo estable con una empresa. El empresario contrataría con un coste menor y el trabajador recibiría una retribución mayor que el subsidio, con independencia de que su condición de trabajador en activo permitiría mejorar su autoestima y lo motivaría para seguir adelante.

Esta situación, a lo mejor, hasta coadyuvaba a salir de la crisis.