El pleno de Durango acordó ayer reducir entre el 0,56% y el 2,72% el sueldo de los empleados municipales, tal y como lo establece el decreto aprobado por el Gobierno central el pasado mes de mayo. El acuerdo se adoptó con el respaldo del PNV y el PSE-EE. Esta medida, junto al mantenimiento de algunos puestos vacantes, ahorrará a las arcas municipales 300.000 euros.
El PNV, en boca de Goiztidi Díaz, reconoció que “no nos gusta para nada” adoptar esta decisión, pero destacó que es de “obligado cumplimiento”. Pilar Ríos (PSE-EE) añadió a este argumento el de la necesidad de reducir parte de la deuda municipal que, según dijo, se eleva a 13 millones de euros.
Los otros grupos de la oposición oscilaron entre la abstención del PP y el rechazo de Aralar y la izquierda abertzale. Juan José Gastañazatorre (PP) calificó de “nefasta” la política de Zapatero y aclaró que no se oponían “de plano” a la iniciativa por “sentido de la responsabilidad”.
El portavoz abertzale Ritxar Alberdi censuró la “protección del Estado a bancos y grandes empresas” e insistió en que se ahorría más dinero con la supresión de los salarios de los concejales liberados. Finalmente, Dani Maeztu, de Aralar, criticó que se tomaran medidas de este tipo, que van en contra de los derechos conseguidos durante años por los trabajadores, en vez de revisar el actual modelo de desarrollo económico.
Protesta de trabajadores
Un grupo de trabajadores municipales exhibió en el pleno una pancarta para expresar su malestar por los recortes. “Apelar al cumplimiento de la ley para aprobar esta reducción es una trampa, porque sólo lo hacen cuando les conviene”, denunció un miembro del comité de empresa. Este portavoz calificó de «medias verdades» los argumentos con que los partidos defendieron las rebajas salariales.
En su opinión, el Ayuntamiento tiene capacidad económica suficiente como para que el decreto del Gobierno central no afecte a sus salarios, por lo que anunciaron que presentarán un recurso. Los empleados interrumpieron el pleno justo antes de la votación para dar a conocer su postura y la alcaldesa, Aitziber Irigoras, les recordó que debían esperar hasta el final para intervenir. Al persistir en su actitud, se decidió hacer un receso. Una vez de que los trabajadores abandonaron la sala, continuó la sesión.
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